Directorio Nacional de la Confederación Nacional de Asociaciones Gremiales y Pequeños Productores Campesinos de Chile – CONAPROCH

La crisis climática, el despojo territorial y la dependencia alimentaria colocan a Chile en una encrucijada histórica. Desde el mundo campesino e indígena emergen seis ejes que, en distintos niveles, permiten cuestionar los límites del modelo neoliberal y abrir el debate sobre una reforma agraria integral capaz de sostener soberanía alimentaria y justicia social.

Hablar hoy de una Nueva Reforma Agraria Integral no es un gesto de nostalgia ni un ejercicio romántico, menos una idea anacrónica. Es una necesidad impostergable frente a desafíos concretos: la concentración de la tierra en pocas manos, la fragilidad que dejó al descubierto la pandemia con el cierre de fronteras y el encarecimiento de los alimentos, la intensificación de la crisis climática, la militarización de territorios rurales y la dependencia creciente de importaciones para asegurar el abastecimiento interno.

En este escenario, lo que está en juego no es únicamente el destino del campo, sino el de toda la sociedad. El hambre, la carestía y la vulnerabilidad frente a las cadenas globales de suministro ya se sienten en los hogares chilenos. Al mismo tiempo, el modelo agroexportador sigue privilegiando la rentabilidad de unas pocas empresas mientras posterga el derecho de la población a una alimentación soberana, sana y accesible.

Los seis ejes que se presentan aquí son un punto de partida para el debate público. No sólo buscan enfrentar tendencias de exclusión y despojo, sino también proyectar alternativas viables que coloquen en el centro el derecho a la tierra, al agua y a la alimentación. La reforma agraria integral no debe pensarse como un retorno al pasado, sino como una política transformadora que responda a los dilemas actuales y abra camino hacia un futuro de soberanía alimentaria efectiva para Chile.

1. Descampesinización y crisis del campo en el capitalismo actual

La descampesinización no es solo la disminución de familias rurales. Es la transformación del campesinado en fuerza de trabajo precarizada, subordinada a las lógicas del agronegocio. Es migración forzada, pérdida de identidad, erosión del tejido popular. Bajo discursos de modernización o transición verde, se consolidan procesos de reconcentración de tierras, financiarización agrícola y expansión de megaproyectos extractivos.

En Chile, esta tendencia se refleja en varios planos: la concentración de suelos en empresas forestales, mineras y energéticas; más del 70 % de los trabajadores agrícolas empleados como temporeros sin estabilidad; la mercantilización del agua y del suelo agrícola convertido en parcelas de agrado o monocultivos para exportación; y la subordinación del conocimiento campesino a paquetes tecnológicos externos. Todo esto erosiona las comunidades y empuja a las familias al endeudamiento o la migración.

Un ejemplo ilustrativo es la producción de legumbres. En los años 90 Chile producía más de 120 mil toneladas anuales, cifra que hoy no supera las 40 mil, mientras las importaciones exceden las 100 mil toneladas, principalmente desde Canadá y Argentina. En paralelo, las plantaciones forestales crecieron un 75% en tres décadas, capturando suelos fértiles que antes alimentaban al país. El resultado es dependencia alimentaria, encarecimiento de los precios y debilitamiento de la soberanía nacional.

2. Ley Orgánica de INDAP y resolución tributaria: ¿modernización o empresarización?

El ajuste a la Ley Orgánica de INDAP, elaborado con apoyo de la FAO, se presenta como una modernización destinada a dar más pertinencia territorial a la institución. Pero en los hechos omite cuestiones fundamentales como la tierra y el agua, y se inclina hacia la empresarización antes que hacia el fortalecimiento de la agricultura campesina. La memoria histórica alerta: durante la dictadura se habló de “campesinos viables y no viables”, una etiqueta que dejó a miles de familias fuera del apoyo estatal. Esa lógica podría reaparecer con un lenguaje distinto, pero con efectos similares.

La reciente Resolución N°79 del SII refuerza esta tendencia. Al exigir que usuarios de programas como PRODESAL y SAT acrediten inicio de actividades tributarias, se introduce una barrera que margina a quienes producen para el autoconsumo, abastecen ferias locales o mantienen vivo el trueque comunitario. Lo que parece un trámite administrativo tiene efectos políticos profundos: condiciona el acceso a subsidios a un formato empresarial que desconoce la diversidad de las economías rurales. En territorios aislados, donde la conectividad digital es mínima y el INDAP constituye la única presencia estatal, la medida deja de ser un apoyo y se convierte en un obstáculo más

3. Permisología y ofensiva contra la fiscalización

En los últimos años, la palabra “permisología” se ha instalado como eslogan que reduce a mera burocracia la evaluación de proyectos con alto impacto social y ambiental. Con este recurso, sectores empresariales y parlamentarios han posicionado la idea de que las regulaciones son un freno al desarrollo, cuando en realidad son un resguardo mínimo para comunidades y territorios. Bajo el paraguas de la “incertidumbre regulatoria” se impulsa un camino rápido para aprobar proyectos inmobiliarios, extractivos o agroindustriales, debilitando evaluaciones ambientales y consultas territoriales.

La moción presentada en marzo de 2025, que recorta las facultades del SAG para fiscalizar plaguicidas, es un ejemplo concreto. Al limitar su rol preventivo, se facilita la circulación de agroquímicos altamente tóxicos, prohibidos en otros países, con consecuencias directas en la salud de trabajadores, consumidores y ecosistemas. Este tipo de iniciativas no son simples ajustes legales, muestran cómo la legislación puede transformarse en vehículo de intereses corporativos, incluso a costa de la seguridad alimentaria y de la vida en los territorios.

4. Agua y crisis climática

El agua es quizá el mayor desafío para la agricultura familiar campesina. En Chile, apenas un uno por ciento de los titulares de derechos de aprovechamiento concentra más del ochenta por ciento del caudal disponible. Empresas sanitarias, forestales y agroexportadoras disponen de miles de litros por segundo a perpetuidad, mientras comunidades rurales dependen de camiones aljibe para cubrir necesidades básicas.

La reforma al Código de Aguas incorporó ciertos cambios, como priorizar el consumo humano y la inscripción de derechos, pero no modificó el problema de fondo. El agua sigue tratándose como una mercancía transable, perpetuando la desigualdad. La instalación de desalinizadoras se presenta como solución tecnológica, aunque abre nuevas preguntas sobre impactos ambientales y sobre quién controla el recurso.

Sin cambios estructurales en la gestión y redistribución, la soberanía alimentaria seguirá siendo un horizonte inalcanzable. La experiencia de los comités de Agua Potable Rural y de organizaciones comunitarias demuestra que un manejo solidario y equitativo es posible, siempre que exista voluntad política.

5. Pueblo Nación Mapuche: despojo y militarización

La situación del Pueblo Nación Mapuche revela la continuidad histórica del despojo. Desde la invasión militar de 1862 hasta hoy, el Estado ha recurrido a la violencia y la militarización para imponer proyectos extractivos en Wallmapu. El estado de excepción en Biobío y La Araucanía asegura intereses forestales y energéticos, mientras las comunidades enfrentan allanamientos, criminalización y detenciones.

La resistencia frente a normas como la Ley Lafkenche, que protege espacios marinos costeros de pueblos originarios, evidencia la oposición de los grandes grupos económicos a cualquier forma de reconocimiento territorial. La lucha mapuche no es un conflicto cultural, sino político, estructural y anticolonial. Una reforma agraria integral solo puede ser seria si incorpora la restitución de tierras y el reconocimiento pleno de los pueblos originarios como naciones con derecho a la autodeterminación.

6. Agroecología y soberanía alimentaria

La agroecología no puede reducirse a una técnica de cultivo. Es un enfoque político y cultural que une saberes ancestrales con conocimientos contemporáneos para producir alimentos sanos, diversos y sostenibles. Su base es comunitaria y campesina, inseparable de la soberanía alimentaria.

Ejemplos en huertos agroecológicos de Ñuble, Maule y zonas periurbanas de Santiago demuestran que es posible abastecer ferias locales, regenerar suelos degradados y recuperar variedades tradicionales de hortalizas. Las ferias campesinas, los mercados locales y las cooperativas confirman que otra forma de producir y abastecer es posible.

Sin embargo, muchos Estados en América Latina, incluido Chile, han reducido la agroecología a manuales técnicos o recetas productivas, despojándola de su potencial transformador. Entenderla solo como técnica es perder de vista que también es un proyecto de vida colectivo y de resistencia frente a la lógica del mercado.

Coyuntura política y horizonte pendientes

El ciclo electoral actual refleja la debilidad del progresismo y el ascenso de la derecha radical. Figuras como Evelyn Matthei o José Antonio Kast representan la continuidad neoliberal y la amenaza de un giro autoritario. El gobierno de Gabriel Boric, pese a un discurso progresista, ha mantenido la militarización en el sur, ratificado tratados como el TPP-11 y aprobado reformas que no cuestionan el modelo de acumulación. En este panorama, la izquierda institucional ha perdido capacidad de representar a los sectores populares.

Ante este escenario, la soberanía alimentaria, la democratización de la tierra y del agua y una reforma agraria integral no nacerán de acuerdos entre élites. Solo surgirán de la organización campesina, indígena y popular, como lo viene planteando la CLOC-Vía Campesina en toda América Latina.

Los seis ejes aquí expuestos no son los únicos ni están en orden de importancia. Una Nueva Reforma Agraria Integral también debe hacerse cargo de otros desafíos que atraviesan al mundo rural, como la necesidad de abrir horizontes de vida digna para la juventud campesina, el reconocimiento del rol de las mujeres en la producción y organización comunitaria, la relación directa entre campo y ciudad en el acceso a alimentos sanos y estables, y la urgencia de enfrentar la crisis climática desde un enfoque ecológico y no extractivista. Del mismo modo, no podemos olvidar que los tratados de libre comercio y la dependencia internacional limitan la soberanía nacional en materia alimentaria y territorial, ni que la historia de la reforma agraria chilena ofrece aprendizajes que deben ser retomados con una mirada latinoamericana y regional, en sintonía con otras luchas campesinas del continente. La intención es contribuir a la reflexión y abrir un horizonte de discusión que coloque en el centro la vida rural y su papel en la construcción de un Chile distinto.

El actual orden mundial está en crisis, pero el capital no se retira, se reorganiza. Nuestra resistencia también debe reorganizarse, con base en la unidad de clase, la defensa del territorio y la articulación regional de los pueblos. No habrá soberanía alimentaria sin soberanía política. El desafío no es solo cultivar alimentos, sino cultivar poder popular desde el campo. Frente al extractivismo, el racismo y la mercantilización de la vida, proponemos un modelo territorial campesino, agroecológico, solidario y plurinacional.

La crisis ecológica y civilizatoria nos obliga a pensar que la vía campesina es también una vía para una nueva sociedad. La formación política y técnica es estratégica, porque no hay transformación sin conciencia ni lucha sin herramientas colectivas. La agroecología es una herramienta política y social, no solo un modo de producción, y expresa una propuesta de vida campesina que articula saberes ancestrales, prácticas sustentables y poder territorial.

La lucha por la tierra y el agua es la columna vertebral de todas nuestras luchas, porque sin estos bienes comunes no hay campesinado, ni comunidad, ni vida digna posible.

Rechazamos la dependencia alimentaria, tecnológica y financiera impuesta por el modelo neoliberal y los tratados de libre comercio, que subordinan nuestra agricultura a intereses transnacionales. La soberanía alimentaria es nuestra estrategia para romper esa dependencia, recuperar el control sobre lo que producimos y consumimos y construir economías territoriales basadas en la autonomía, la reciprocidad y el buen vivir de los pueblos.

Por todo ello, proponemos instalar en el escenario político nacional la urgencia de una Nueva Reforma Agraria Integral, como alternativa concreta y viable para la justicia social, territorial y ambiental. La redistribución de la tierra, el control social del agua y el reconocimiento del campesinado como sujeto político son condiciones indispensables para cualquier democracia real. La Nueva Reforma Agraria Integral no es una consigna del pasado, es una herramienta del presente para proyectar otro futuro. Sin tierra y agua en manos del pueblo, Chile no tendrá soberanía ni democracia posibles.