Equipo Estudiantil Biobío, Tejer – Construir

En octubre de 2024, el Gobierno de Gabriel Boric, a través del ministro Nicolás Cataldo, presentó con bombos y platillos su proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES), que prometía —según sus voceros— cerrar el ciclo de endeudamiento estudiantil inaugurado por el Crédito con Aval del Estado (CAE). El FES, en palabras del Ejecutivo, sería un hito histórico: el final del “endeudamiento abusivo», el inicio de un nuevo “paradigma de justicia educativa». Sin embargo, bajo el barniz de la modernización progresista y el lenguaje de equidad social, lo que emerge no es una transformación estructural, sólo una nueva forma de comprender la educación como mercancía.

Lejos de representar un quiebre con el modelo neoliberal, el FES reafirma sus fundamentos: la arancelización del derecho a educarse, la subsidiariedad del Estado, la mantención de la libertad de empresa educativa y la lógica de retribución individual. Una deuda directa con la universidad reemplaza a una deuda bancaria, pero el principio permanece: estudiar no es un derecho garantizado por el hecho de ser parte de una comunidad política, sino una inversión privada con retorno esperado, ya sea en ingresos futuros, movilidad social o estatus simbólico.

De la calle al escritorio: promesas traicionadas.

Resulta particularmente contradictorio que sea Gabriel Boric, quien fuera presidente de la FECH en 2012 y la continuidad de la vocería de la demanda por gratuidad universal, fin al lucro y democratización de las universidades, quien hoy empuje una propuesta que no solo no cumple esas promesas, sino que termina pareciéndose peligrosamente a lo que ofreció la derecha años atrás.

De hecho, el expresidente Sebastián Piñera, propuso en su segundo gobierno un sistema casi idéntico al FES: eliminación de intermediarios bancarios, pago contingente al ingreso y una cobertura extendida. En ese entonces, el movimiento estudiantil y la izquierda parlamentaria —incluido el propio Boric— rechazaron la idea por considerarla una legitimación encubierta del modelo de mercado. Hoy, esa misma arquitectura es vendida como una reforma progresista, apenas maquillada con un discurso solidario.

FES, CAE y gratuidad: tres caras del mismo modelo.

El FES se presenta como un avance respecto del CAE: ya no hay banca privada, no se generan intereses desmedidos, y el pago se realiza solo mientras tienes ingresos. A simple vista, parece un cambio sustantivo, pero cuando se observa el principio estructural, la diferencia se diluye: en ambos casos, se entiende la educación como un bien económico que supuestamente satisface la necesidad de ascenso social, razón por la cual hay que pagarla, ya sea mediante deuda, impuestos futuros o retribución solidaria.

El FES, además, no es nuevo: es prácticamente una copia del Fondo Solidario de Crédito Universitario, un sistema que ya existía, también con lógica de reembolso, y que nunca funcionó. La única diferencia es que ahora los pagos se descontarán directamente del sueldo, como una cotización más, junto a la AFP y FONASA. Se institucionaliza así el endeudamiento como un “impuesto educativo” que persigue a los estudiantes por años.

Lo mismo ocurre con la llamada gratuidad. Implementada parcialmente desde 2016, benefició a una fracción del estudiantado, excluyendo a quienes no cumplían criterios socioeconómicos, académicos o administrativos. No fue, ni es, una gratuidad universal, sino una política focalizada que funciona bajo la lógica del subsidio al consumidor, no como garantía del derecho universal a educarse.

¿Fin del lucro?

Uno de los mantras del Gobierno ha sido que el FES pondrá fin al lucro en la educación superior. Pero esa afirmación, además de imprecisa, confunde lucro con mercantilización.

El lucro, como tal, es el excedente entre lo que el Estado entrega y lo que la institución gasta efectivamente, convertido en ganancia privada. Se puede restringir —y de hecho, legalmente está restringido en instituciones que reciben gratuidad—, pero eso no impide que las instituciones educativas sigan operando como empresas: vendiendo títulos, acreditaciones, promesas de empleabilidad, posgrados y diplomados como si fueran bienes de consumo.

Incluso cuando no hay “lucro” en sentido estricto, la lógica mercantil permanece intacta: la universidad como espacio de competencia para clientes, posicionamiento en rankings, publicidad, oferta segmentada según estratos de mercado. El producto no es el saber, sino el cartón. Y el cliente no es un sujeto que se forma, sino un consumidor de movilidad social.

Por eso, el fin del lucro no significa el fin de la mercantilización. Puede no haber utilidades contables, pero mientras se mantenga la noción de que educarse es invertir en uno mismo —y no un derecho colectivo financiado solidariamente por toda la sociedad—, seguiremos viviendo en un sistema educativo neoliberal. Incluso si se limita el lucro, la lógica mercantil sobrevive intacta, porque la educación sigue siendo vendida, segmentada y gestionada como mercancía.

Subsidiariedad, libertad de enseñanza y arancelización.

El FES, lejos de romper con el modelo impuesto en dictadura y profundizado en democracia, conserva sus pilares esenciales:

Subsidiariedad del Estado. El Estado sigue actuando como financista del sistema, no como garante directo del derecho a educarse. Los recursos públicos continúan fluyendo hacia instituciones privadas, muchas de ellas controladas por conglomerados económicos, religiosos o familiares, en lugar de fortalecer la red pública de educación superior.

Libertad de enseñanza. Bajo esta bandera, se mantiene la libertad irrestricta de crear proyectos educativos con fines ideológicos, religiosos o económicos, lo que permite la existencia de universidades “de nicho” que responden a intereses particulares antes que al bien común.

Arancelización de la educación. El FES reafirma que la educación se paga. Ya no con pagarés ni intereses bancarios, pero sí con una retribución futura, individual y monetaria, no realmente solidaria. El mensaje implícito es el mismo: “la educación tiene un costo, y tú —como individuo— debes asumirlo”.

La empresa universitaria.

La universidad neoliberal no necesita lucrar para ser una empresa. Basta con que funcione como tal: planificación estratégica para capturar segmentos de mercado, ventas cruzadas de carreras y posgrados, estructuras jerárquicas que premian productividad académica medida en papers y patentes, no en pensamiento crítico o compromiso social; y bajo esa estructura debe financiarse, es decir, su lógica funciona bajo la necesidad del autofinanciamiento.

Hoy, los posgrados son uno de los rubros más rentables de muchas instituciones: diplomados, magísteres y doctorados convertidos en bienes de consumo, muchas veces vaciados de contenido, pero con gran rentabilidad por hora de docencia. Se vende estatus, se vende red, se vende el capital simbólico del “postgrado”.

Así, aunque se prohíba el lucro, la universidad puede seguir siendo un engranaje más del sistema de acumulación capitalista. Un supermercado de saberes, donde se transan expectativas, frustraciones y sueños de ascenso social.

Un proyecto sin horizonte emancipador.

El FES, al igual que el CAE, el Fondo Solidario y la gratuidad focalizada, no responde a las demandas históricas por las que se movilizó el movimiento estudiantil. No garantiza la gratuidad universal, no democratiza las instituciones, no fortalece lo público. Al contrario: profundiza la lógica de consumidor, sustituye la deuda financiera por una deuda supuestamente moral, y preserva la arquitectura del modelo neoliberal.

En su forma, puede parecer más amable. En su fondo, es la misma estructura. Se cambia el mecanismo, no el principio.

¿Qué hacer? Una propuesta socialista.

Frente a este escenario, no basta con administrar la desigualdad. No basta con redistribuir más o mejor. Lo que se requiere es una transformación radical de la educación, que la libere de la lógica de mercado y la coloque al servicio del desarrollo del Pueblo Trabajador.

Proponemos avanzar hacia:

la ESTATIZACIÓN PROGRESIVA de la educación superior, terminando con el subsidio a privados y fortaleciendo una red pública robusta, democrática y gratuita.

La GRATUIDAD UNIVERSAL REAL, financiada por el Estado, sin pagos contingentes y monetarios.

La DEMOCRATIZACIÓN del gobierno universitario, con participación de estudiantes, trabajadores y comunidades, devolviendo el poder a quienes hacen viva la educación.

La TRANSFORMACIÓN CURRICULAR, orientada no a la empleabilidad ni a la productividad, sino a la formación crítica, liberadora y solidaria.

Esto no es posible dentro de los márgenes del capitalismo. Requiere un nuevo tipo de Estado, socialista y popular, que ponga la vida digna, el conocimiento libre y el bien común en el centro de su acción.

Conclusión: ni fin del lucro, ni fin del modelo.

El FES sólo termina con el lucro de la banca, pero el lucro no es solo un número en una planilla, sino una lógica estructural. No termina con la mercantilización, porque sigue entendiendo la educación como un valor con valor de cambio. No rompe con el neoliberalismo, porque conserva la subsidiariedad, la arancelización y la libertad de empresa educativa.

Incluso si se limita el lucro directo en instituciones privadas, éstas seguirán funcionando como empresas: su objetivo sigue siendo capturar recursos, vender títulos y ofrecer servicios educativos como mercancías. El posgrado y el cartón siguen siendo productos, y el estudiante, un consumidor endeudado —ahora mediante descuentos automáticos por planilla—.

En nombre de la justicia, se perpetúa la injusticia. En nombre de lo nuevo, se recicla lo viejo. La promesa estudiantil de gratuidad universal y educación como derecho se ha convertido, una vez más, en gestión tecnocrática del modelo.

Por eso, nuestra lucha sigue.

No contra un proyecto en particular, sino contra la raíz estructural de este orden social: un sistema que mercantiliza la vida, transforma los saberes en mercancía y hace del conocimiento un privilegio.

Por una educación pública, crítica y socialista.

¡Estudiar no debe ser deuda, debe ser dignidad!