De “bloque estudiantil” a bloque neoliberal: El gobierno del progresismo y los guiños al mercado en la educación.

El detenernos y revisar el avance de la cartera de educación en el presente gobierno no responde simplemente a un ejercicio de calificación a este, más bien, busca develar cuales están siendo los intereses de ciertos sectores políticos y económicos que operan dentro del mercado educativo. Porque sí, somos enfáticos, la educación en el actual período se presenta y transa como cualquier mercancía, lo que representa un perjuicio fundamental para los sectores populares. De esta manera, buscamos avanzar en reconocer algunos elementos que podrían representar tensiones en el corto y mediano plazo, esperando abrir la discusión, y por qué no, contribuir en los procesos de movilización de los sectores revolucionarios dentro del mundo estudiantil. 

Para nadie ha sido sorpresa los constantes distanciamientos y claudicaciones por parte de la actual coalición de gobierno. Desde el partido Comunista hasta sectores de la Democracia Cristiana (DC) se han encargado de ir construyendo el camino a cada grito, queja y reforma que impulsa la derecha. Un ejemplo de ello, es el accionar -desde inicios de año- de la llamada “bancada estudiantil” en la Cámara de Diputados, que intenta poner sobre la mesa la discusión respecto a la condonación de la deuda educativa, emplazando a Marcel a “plegarse al programa de gobierno”. No obstante,  ya vemos cómo el gobierno se distancia -de forma transversal- de la demanda  de condonación de la deuda del CAE, que más allá de ser una declaración de buenas intenciones por parte de Boric, pareció un faro para nublar la vista al salvataje del sistema de salud privado. 

Imagen del proceso de movilización estudiantil año 2019. Donación por Federación de estudiantes Universidad de Concepción. Concepción, Chile.

Por su parte, cabe recalcar que  a dos años de gobierno, no se ha avanzado en ninguna transformación de fondo al actual modelo educativo, es más, en su mayoría las reformas que han ingresado en esta materia, guardan relación con políticas asociadas a la reintegración de estudiantes -en etapa escolar- debido a los efectos negativos que trajo la pandemia en este grupo. En esta línea también se presentaron misivas que buscaban contribuir al proceso de traspaso de establecimientos educativos desde los municipios hacia los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).  Respecto a “educación no sexista”, el mal llamado “gobierno feminista”, ha desarrollado una agenda en cuanto a jornadas y discusiones sobre el tema, esbozando algunos diagnósticos y presentando recientemente propuestas de actualización curricular para el primer nivel educativo. 

En síntesis, más que jornadas de discusión, es poco y nada lo que se ha avanzando en transformar el actual modelo educativo mercantil, cuestión que dista bastante de las propuestas programáticas de los sectores estudiantiles organizados, cuyas demandas fundamentales apuntan a la discusión sobre financiamiento de las instituciones, reacondicionamiento de infraestructura y financiamiento del acceso a la educación superior.

En su mayoría, el gobierno se ha dedicado a la administración de la reforma ejecutada en el gobierno de Michelle Bachelet (2016), donde se traspasan colegios a nuevos órganos administrativos como son los SLEP, que en teoría , deben funcionar como organismos autónomos de los municipios, pero en la práctica queda en evidencia la mala gestión, debido a la labor poco clara que se ha establecido entre los SLEP, municipios y el Ministerio de Educación. Esto, ha tomado importante revuelo mediático, a comienzos de este año se desarrolló una movilización por parte de funcionarias y funcionarios del SLEP de Atacama, denunciando acuerdos incumplidos que decantan en establecimientos sin las condiciones sanitarias mínimas para el inicio del año escolar, por su parte el Colegio de Profesores ha denunciado la precarización que han vivido las y los docentes de estos servicios, donde se han retrasado pagos y no ha existido la cobertura de salud, entre otros.

Imagen del proceso de movilización estudiantil año 2019. Donación por Federación de estudiantes Universidad de Concepción. Concepción, Chile.

En este contexto, vemos también cómo los empresarios de la educación han sabido apretar al gobierno de turno desde finales del año pasado, paralizando el proceso de desmunicipalización de los establecimientos en algunas regiones, y en las últimas horas, ha existido un acuerdo explícito por parte de alcaldes y candidatos de la derecha (Cubillos, Alessandri, Sichel y Belollio) donde desde ya plantearon su negativa al traspaso de establecimientos, apelando a la necesidad de una “contrarreforma” que de pie atrás al proceso de desmunicipalización. Los gremios de establecimientos subvencionados, apelan a que la supuesta crisis de matrícula que vive el sistema escolar guarda relación con la falta de “establecimientos de calidad”, donde las familias puedan integrar a sus hijos, lo que según ellos, se resuelve permitiendo la apertura de nuevos planteles educativos que sean subvencionados por el Estado. 

Esto ha permitido la articulación de un discurso en los medios de comunicación, que no sólo  crítica el proceso de desmunicipalización, sino que, releva la necesidad de la intervención de privados dentro de la educación escolar, posicionando a estos como agentes milagrosos, que con su simple existencia vendrían a solucionar la falta de matrícula. 

En educación superior, el escenario no ha presentado mayores transformaciones. A nivel de reformas, hemos sido testigos de cómo con el pasar de los días se diluyó la idea de condonar las deudas educativas. Desde diversos discursos, como una supuesta “moralidad” en el pago de una deuda -que excede en magnitud con creces al coste real de una carrera en educación superior-, incluso se ha planteado que el supuesto pago de la deuda, es trascendental en términos financieros para el sostén del actual sistema educativo. En este sentido es fundamental poner en entredicho cómo la burguesía se ha encargado de construir en lo discursivo la supuesta idea del ascenso social a partir de la adquisición de un título universitario, un supuesto esfuerzo que repercutiría en mejores posibilidades salariales y cambios cualitativos en la calidad de vida de las personas. Supuesto sobre el cual, se sustentan precisamente las políticas mercantiles en educación, como es el crédito con aval del Estado, donde se permite a los futuros estudiantes acceder a la posibilidad de adquirir una deuda con la banca, para financiar la compra de un título universitario, y hacer pago de la deuda una vez que se inserten en el mercado laboral. No importando, las condiciones sobre las cuales se realiza el proceso formativo, la finalización o no de la carrera universitaria, ni mucho menos, las capacidades de pago reales por parte de las y los profesionales.

La discusión de recursos en educación superior, toma particular relevancia a esta parte del año, ya que, el mayor ingreso de la cartera, respecta a los recursos que se inyectan año a año vía presupuesto anual por la beca de gratuidad. Beneficio que aumentó su cobertura en cuanto a acceso dada la gradualidad de la medida, así como también por la entrada de una nueva universidad con posibilidad de acceder al mecanismo. De esta forma entonces, ya vemos cómo algunas voces de la derecha ya hablan sobre la “inviabilidad financiera” del actual modelo educativo, planteando la urgencia de la disminución del gasto estatal en educación, así también como el financiamiento del modelo de educación superior, en base a la deuda de los estudiantes.

Imagen del proceso de movilización estudiantil año 2022. Donación por Federación de estudiantes Universidad de Concepción. Concepción, Chile.