Ejecutivo Regional Metropolitano
Tejer-Construir

En estos tiempos confusos que nos toca vivir, las y los militantes de la revolución socialista, no debemos perdernos en la bataola, debemos mirar con calma y certeza el movimiento de la realidad para actuar de forma adecuada frente a ella, actuando con audacia, pero también con mesura. La desesperación por la no llegada de la revolución ha sido la peor enemiga de una izquierda rebelde que le ha hecho el quite al pensamiento estratégico, provocando frustración y nihilismo.

Es por eso que es fundamental darnos espacios para observar, reflexionar y debatir. Para orientar nuestro quehacer de mejor manera.

Este documento es un disparador para esa reflexión necesaria. Plantea un escenario general de crisis civilizatoria profunda, en el que se genera un avance de las ultraderechas a nivel mundial, una profunda precarización material y descomposición ideológica entre el pueblo y una profunda debilidad de la izquierda anticapitalista para construir una alternativa y una fuerza social y política dispuesta a empujarla.

El escenario planteado puede ser desesperanzador para quienes persistimos en caminar hacia el horizonte socialista, pero la porfía es nuestra mayor virtud. Yo me muero como viví, dijo Silvio, y hacemos nuestras sus palabras.

Es la realidad que toca, no podemos pedirle nada mejor a este cruel modo de producción, está en la naturaleza del capital su pulsión de destrucción y muerte para satisfacer sus infinitas ansias de acumulación. Pero hoy y siempre, frente a la barbarie capitalista, ¡sostenemos firmes el horizonte socialista!

1- Un imperio en decadencia que desata su agresividad sobre los pueblos, y la consolidación del mundo multipolar: una oportunidad para el sur global.

Ya es un lugar común en los análisis hablar de la decadencia del imperialismo yankee , su pérdida de hegemonía mundial y el paso hacia un mundo multipolar, con China y Rusia como nuevas potencias. El transcurso de los hechos da la razón. El proceso de decadencia del imperialismo yankee se acelera, involucrando una crisis civilizatoria del conjunto de Occidente. Es en ese contexto que se debe leer la agresividad desatada por Trump y sus secuaces este año 2026, que inició con el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, siguió luego con la ofensiva sobre Cuba y luego se sumó la guerra contra Irán en Asia Occidental, como los hechos más llamativos de una política sumamente agresiva. En ese sentido, Donald Trump, con su retórica y su performance de payaso dictatorial, representa en sí mismo la profundidad de la crisis y la decadencia yankee-occidental.

Dicha decadencia podemos explicarla desde tres factores interdependientes: una crisis de acumulación, una crisis de la hegemonía de la democracia liberal y una crisis del orden internacional.

a) Crisis de acumulación. La noción de crisis de acumulación se refiere a una dificultad estructural del capitalismo para sostener procesos estables y rentables de valorización del capital. Diversos autores sitúan el inicio de esta crisis de largo plazo en la década de 1970, cuando el agotamiento del modelo fordista‑keynesiano se manifestó en la caída de la rentabilidad, la desaceleración del crecimiento y el aumento de la conflictividad social. Frente a este escenario, el capital impulsó una reconfiguración profunda de las relaciones económicas y sociales: desregulación de los mercados financieros, liberalización del comercio, debilitamiento del poder sindical y un giro hacia formas de acumulación cada vez menos ligadas a la producción y más orientadas a la especulación. Según David Harvey, esta recomposición permitió una recuperación parcial de la rentabilidad, aunque al costo de generar nuevas contradicciones. El fortalecimiento del capital financiero y especulativo se combinó con una ofensiva sistemática sobre el trabajo —precarización, caída de salarios reales y flexibilización laboral— que fue momentáneamente compensada mediante el endeudamiento de los hogares. Paralelamente, se profundizaron procesos de acumulación por desposesión, tales como privatizaciones, mercantilización de bienes comunes y expansión extractivista, que funcionaron como mecanismos para absorber excedentes de capital. Estas son las bases de instalación del neoliberalismo en la década del 80, cuyos íconos son la tríada Reagan-Thatcher-Pinochet. Esta forma que adquirió el capitalismo colapsó en la crisis de 2008, demostrando los límites estructurales de la financiarización como vía de escape a la caída de la tasa de ganancia. Sin embargo, lejos de una reforma estructural, la respuesta de los centros de poder fue la «huida hacia adelante»: una inyección masiva de liquidez que solo infló nuevas burbujas y profundizó la desigualdad. En la actualidad, esta crisis de acumulación se expresa en una marcada parálisis productiva y tecnológica de la economía estadounidense frente al ascenso de China como principal polo manufacturero global. Tras décadas de deslocalización industrial, el capital estadounidense enfrenta crecientes dificultades para expandirse mediante la competencia económica directa, en tanto su base productiva fue erosionada. Ciudades como Detroit —antiguo corazón de la industria automotriz— ejemplifican este proceso: una metrópolis profundamente despoblada, atravesada por extensas áreas de abandono urbano, cuya trayectoria se repite, con distintas intensidades, en numerosos centros manufactureros del denominado Rust Belt. De esa forma, al imperio yankee no le queda otra salida que el uso de la fuerza militar, las sanciones económicas y el secuestro de activos soberanos para capturar recursos y mercados por la vía del pillaje. Por lo tanto, la agresividad de la administración Trump en 2026 no es un exabrupto de locura individual, sino la respuesta desesperada de un modelo de acumulación que, al no poder generar riqueza a partir de la producción real, intenta sostener su tasa de ganancia mediante la generación de un caos geopolítico y la apropiación violenta de los recursos estratégicos de naciones soberanas. La guerra y el intervencionismo son el último mecanismo de reanimación de un capital financiero que ya no tiene fronteras productivas que conquistar.

b) Crisis hegemónica de las democracias liberales. Si la crisis de acumulación vació los bolsillos de las clases trabajadoras en Occidente, la crisis de hegemonía ha vaciado de contenido sus instituciones. El consenso liberal que imperó tras la caída del Muro de Berlín se basaba en la promesa de que el libre mercado y la democracia representativa traerían prosperidad y libertades individuales universales. Hoy, esa promesa es un escombro. Esta degradación institucional encuentra su raíz en la contradicción terminal del proyecto neoliberal: mientras el capital restauraba su rentabilidad mediante una ofensiva brutal sobre el trabajo, destruía simultáneamente las condiciones políticas de su propia hegemonía. Al revertir la desmercantilización de la vida —sometiendo la salud, la educación y la vivienda a la lógica del mercado—, el sistema generó una desigualdad y una inseguridad económica casi sin precedentes. En este escenario, la democracia se ha vaciado de contenido para convertirse en un ritual formal y cosmético donde las decisiones reales se desplazan hacia espacios no electos, como organismos financieros y lobbies corporativos. Esta racionalidad, que Wendy Brown define como la disolución del sujeto político en un mero «capital humano», ha transformado la ciudadanía en una inversión y la política en una gestión de gobernanza privada. El resultado es una población que experimenta el sistema como un aparato ajeno y corrupto, creando el sustrato de resentimiento del que se nutre la ultraderecha para ofrecer una salida autoritaria ante un orden liberal que ya no es capaz de resolver los problemas más elementales de la existencia material. Este distanciamiento de las personas respecto a la democracia no ha sido canalizado en otras formas de hacer política, sino más bien en un descrédito general hacia la acción política y en una profundización del repliegue en lo individual, vía mercado. El espacio para avanzar por sobre la democracia lo ha tomado la propia élite en su vertiente autoritaria, aun cuando ocupa una retórica de defensa de la democracia, lo que provoca un desgaste mayor de la misma. Por su parte, la izquierda se ve confundida, atrapada entre una denuncia del autoritarismo y una posición defensiva de la democracia liberal y sus instituciones, pero sin plantear ninguna alternativa. En la misma línea, pero más allá de las dinámicas locales, la democracia liberal, como relato hegemónico mundial, y su corolario ideológico de los derechos humanos, han hecho crisis a partir de dos elementos. Por una parte, se ha mostrado vacío en el contexto del genocidio en Gaza, que deja al desnudo la selectividad imperial respecto a la defensa de los derechos humanos. Por otra parte, la emergencia de China como nueva potencia mundial y sus índices de desarrollo cuestionan la democracia liberal como única forma posible de organizar políticamente la sociedad.

c) Crisis del orden internacional. Finalmente, la decadencia estadounidense se cristaliza en el resquebrajamiento de la arquitectura global diseñada en Bretton Woods, al finalizar la segunda guerra mundial. Durante décadas, la hegemonía yankee se sostuvo sobre tres pilares: el dólar como moneda de reserva mundial, el control de las rutas comerciales y el rol de las instituciones multilaterales (FMI, BM, ONU) como garantes de sus intereses. Hoy, esos pilares se hunden bajo el peso de un mundo que ya no es —ni acepta ser— unipolar. La emergencia del eje China-Rusia, consolidado a través de la expansión de los BRICS+, ha generado una alternativa real al dictado de Washington. La desdolarización de las economías emergentes no es solo un fenómeno financiero, sino un acto de insubordinación geopolítica que priva a EE. UU. de su capacidad para exportar su inflación y sancionar a voluntad a cualquier nación soberana. Al perder el control del sistema financiero y verse superado en capacidad industrial y tecnológica por China, el imperialismo norteamericano se enfrenta a una crisis de relevancia histórica. Es en este vacío de poder económico donde aparece la agresividad desatada este 2026. Como un imperio que ya no puede seducir mediante el mercado ni convencer mediante la democracia, solo le queda el recurso de la fuerza bruta. Estamos, pues, ante un Occidente que, en su agonía, prefiere incendiar el tablero antes que aceptar un lugar secundario en el nuevo orden multipolar.

En este escenario de fractura global, la emergencia de China se constituye como el factor más disruptivo para la unipolaridad, no necesariamente como una alternativa socialista al capital. A diferencia del imperialismo clásico, la proyección global de China a través de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta y la expansión de los BRICS+ no se asienta en la imposición de condicionalidades políticas liberales ni en programas de ajuste estructural. Por el contrario, la consolidación del yuan como moneda de reserva y los acuerdos energéticos que desafían al petrodólar representan una declaración de independencia financiera que fractura el monopolio del Tesoro estadounidense. Esta reconfiguración permite que China actúe como una fuerza que, al disputar la conducción del sistema global, debilita las herramientas de chantaje económico que históricamente han asfixiado a las naciones periféricas.

Para el Sur Global, la consolidación de este mundo multipolar no garantiza de por sí una emancipación definitiva, pero sí amplía drásticamente los márgenes de soberanía y maniobra política. La existencia de polos alternativos permite que naciones como Cuba, Venezuela e Irán resistan la ofensiva desatada al contar con circuitos comerciales y financieros fuera del alcance del veto norteamericano. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que China y Rusia son expresiones de la contradicción interna del capitalismo que buscan redistribuir el poder mundial, no abolir sus lógicas de acumulación. Por tanto, la multipolaridad debe ser leída como un campo de disputa táctica que ofrece un respiro frente al asedio imperialista, pero cuya verdadera potencia transformadora reside en la capacidad de los movimientos populares para ocupar esos nuevos espacios de autonomía sin subordinarse ciegamente a los nuevos centros de poder, orientando la crisis de la unipolaridad hacia un horizonte de liberación.

La guerra desatada por la alianza EE. UU./Israel contra Irán actúa entonces como el catalizador definitivo de la fractura del orden liberal, revelando que el militarismo es ya la única divisa de cambio que le queda a la hegemonía anglosajona. Lejos de amedrentar al bloque multipolar, este conflicto ha acelerado la arquitectura de seguridad alternativa: la asistencia tecnológica y militar de Rusia y China hacia Teherán no solo ha neutralizado la capacidad de «golpe rápido» de Washington, sino que ha demostrado que el paraguas militar yankee ya no es invulnerable. Asimismo, el uso de la energía como arma de guerra y el cierre de rutas comerciales estratégicas en el Golfo Pérsico han empujado a las economías del Sur Global a buscar refugio definitivo en los sistemas de pago no controlados por Occidente, acelerando la muerte del petrodólar. En última instancia, la guerra contra Irán no debe verse como un conflicto regional, sino como la manifestación sangrienta de una potencia que, al ser incapaz de sostener su dominio mediante el comercio o el derecho, recurre al genocidio y la destrucción de infraestructuras para intentar retrasar lo inevitable: el nacimiento de un mundo donde el centro de gravedad ya no reside en el Atlántico Norte.

En este ajedrez de fragmentación mundial, América Latina deja de ser el «patio trasero» cautivo para convertirse en una frontera estratégica de disputa. El secuestro de Nicolás Maduro y el recrudecimiento del bloqueo a Cuba no son solo agresiones contra gobiernos específicos, sino un mensaje de disciplinamiento dirigido a todo el continente: el imperialismo yankee, en su fase de decadencia violenta, intenta desesperadamente remonopolizar los recursos naturales de la región —litio, petróleo y agua— para sostener su agonizante aparato industrial. Sin embargo, esta «doctrina Monroe» recargada choca con una realidad inédita: la presencia de China como principal socio comercial de la región y la articulación de mecanismos de pago soberanos ofrecen a los pueblos latinoamericanos un oxígeno geopolítico que antes no existía. La región se debate hoy entre la regresión hacia un extractivismo colonial bajo bota militar, sostenido por la oligarquía tradicional (que aun así mantiene intereses comerciales con China), o la posibilidad de utilizar la multipolaridad como una palanca para un proyecto de integración soberana. La ofensiva de Trump intenta forzar una alineación que la realidad económica ya ha roto, convirtiendo a nuestra América en el epicentro donde se dirimirá si el siglo XXI seguirá bajo el dictado de Washington o si finalmente se consolidará un espacio de autonomía para el Sur Global. Así, parte de la construcción programática de la izquierda de horizonte socialista es tomar posición frente a este escenario global.

2- El avance mundial de la ultraderecha y su conexión con el mundo popular

El ascenso mundial de la ultraderecha no constituye un fenómeno autónomo, y el apoyo que concita en el mundo popular no representa un exabrupto irracional de las masas, sino que debe ser comprendido como la expresión política de la crisis estructural del capitalismo en su fase actual. Lejos de representar una anomalía externa al orden occidental, la ultraderecha es la forma que adopta el propio Occidente cuando ya no puede reproducir su dominación bajo los mecanismos clásicos del consenso liberal. No ataca a la democracia liberal desde afuera: emerge desde su interior, como producto de su agotamiento histórico. En este sentido, el llamado “giro autoritario” expresa abiertamente la violencia constitutiva del sistema capitalista haciéndose visible una vez que el liberalismo deja de ser funcional como forma de gobierno.

Ante el colapso del consenso liberal y la incapacidad del capital para sostener la acumulación y la cohesión social por vías democráticas, se activa una mutación del proyecto hegemónico que Stuart Hall caracterizó tempranamente como “populismo autoritario”. Estas nuevas derechas no son una restauración del conservadurismo clásico, sino una reconfiguración radical del bloque dominante. A diferencia de las derechas tradicionales —que buscaban estabilidad institucional y gestión técnica del orden social—, la ultraderecha despliega un antiinstitucionalismo activo: una auténtica “rebelión desde arriba” orientada a desmantelar las mediaciones estatales, liquidar derechos sociales y concentrar poder político bajo una retórica antisistema que encubre su profunda funcionalidad a los intereses del capital.

Este análisis se profundiza al observar que este proyecto no solo utiliza la tecnología, sino que es dirigido ideológicamente por una nueva fracción de la clase dominante: la oligarquía tecnocrática de Silicon Valley. Magnates como Elon Musk o Jeff Bezos no son meros empresarios innovadores, sino exponentes de un emergente autoritarismo tecnológico que busca sustituir la soberanía estatal por la soberanía corporativa y algorítmica. Las ideologías que articulan —ligadas al longtermismo, al aceleracionismo eficaz o al tecnolibertarismo radical— plantean una visión distópica donde el progreso tecnológico justifica el sacrificio de las mayorías presentes en nombre de una élite futura, hiperproductiva y supuestamente superior. Para estos actores, la democracia es una fricción burocrática y la política un residuo ineficiente: su ideal es el “soberano individual” que opera por encima de las leyes, utilizando sus plataformas como laboratorios de ingeniería social para inocular el desprecio hacia lo público y naturalizar la desigualdad extrema como un resultado inevitable del desarrollo tecnológico.

En este marco, la ultraderecha no solo se articula con el capital tecnológico, sino que habita plenamente su lógica algorítmica: fragmentación de la experiencia social, atomización de la conciencia colectiva y sustitución del conflicto político por una economía permanente de indignación, miedo y resentimiento. La guerra cultural no es aquí un accesorio, sino el principal dispositivo de orden: cuando el sistema ya no puede ofrecer mejoras materiales sostenidas, traduce la crisis de acumulación en conflictos identitarios que reordenan jerárquicamente a la sociedad y disciplinan a la fuerza de trabajo.

Para la izquierda revolucionaria, comprender la eficacia de este proyecto en el mundo popular exige abandonar toda explicación basada en el “engaño” y atender a las relaciones sociales concretas que estructuran la vida cotidiana de las clases subalternas. El apoyo que concitan figuras como Trump, Milei o Kast no surge de una manipulación abstracta, sino de una experiencia material persistente: la descomposición del trabajo como principal fuente de inseguridad, desarraigo y pérdida de dignidad social y una precarización permanente de las redes y del sistema público de cuidado, cada vez más mercantilizado y/o sostenido en base a trabajo no remunerado.

La precarización no se limita a la caída de ingresos; implica la destrucción de los vínculos colectivos que históricamente organizaban mayoritariamente la experiencia obrera y popular. El trabajo estable, con derechos, tiempos previsibles, comunidad laboral y horizonte de futuro, ha sido reemplazado por relaciones laborales fragmentadas, intermitentes y competitivas: subcontrato, empleo informal, plataformas digitales, trabajo a destajo, autoempleo forzado. El trabajador ya no pertenece a un colectivo, no conoce a un “nosotros” productivo, no reconoce un antagonista claro; se vive a sí mismo como unidad aislada en competencia permanente con otros iguales. Esta atomización cotidiana erosiona la posibilidad de solidaridad y empuja la vivencia del conflicto hacia el registro individual, moral y afectivo.

En este escenario, la experiencia central del mundo popular no es solamente la explotación, sino la inseguridad vital: no saber cuánto se trabajará mañana, no poder planificar la vida, no contar con protección frente a la enfermedad, la vejez o la crisis. A nivel discursivo, la ultraderecha conecta con este malestar porque lo reconoce y lo nombra, aunque lo haga falsamente. Frente a una izquierda institucional que habló en el lenguaje tecnocrático de políticas públicas y estadísticas, estas derechas ofrecieron relatos simples sobre el orden, el mérito y la autoridad, que encajan con la vivencia cotidiana de un mundo laboral sin reglas estables ni garantías.

A nivel material, este vacío político se profundizó con el abandono sistemático de las clases trabajadoras por parte de la socialdemocracia y el progresismo liberal, que se transformaron en gestores del orden neoliberal. Al replegarse hacia la administración de lo existente, la izquierda institucional dejó vacante el terreno del reconocimiento, la identidad y el sentido, debilitando las formas de organización y mediación que traducían el conflicto social en acción colectiva.

Las clases subalternas viven hoy el capitalismo no solo como privación material, sino como una humillación sistémica persistente. La ultraderecha logra captar ese malestar porque lo resignifica: convierte la inseguridad estructural en agravio cultural y ofrece una identidad reactiva —“los que trabajan”, “los productivos”, “el pueblo decente”— frente a unas élites políticas y culturales percibidas como ajenas. Este reconocimiento es ilusorio y excluyente, pero se arraiga en vivencias reales de desamparo donde lo público, vaciado de su función protectora, termina percibiéndose como un obstáculo burocrático frente a la supervivencia. En este vacío de comunidad, la pulsión por el «emprendimiento individual» emerge como la única balsa de salvación para un sujeto que busca desesperadamente acceder a los cánones de plenitud que el sistema publicita: un horizonte de felicidad alienado y reducido, obscenamente, al fetiche del consumo y la distinción mercantil.

La dimensión territorial refuerza este proceso. El voto ultraderechista se concentra en los territorios donde la descomposición del trabajo fue más brutal: zonas desindustrializadas, periferias urbanas y rurales donde el empleo estable desapareció sin ser reemplazado por estructuras colectivas alternativas. Allí, el Estado aparece principalmente como ausencia o como aparato punitivo, y la política como una fuerza lejana y corrupta. En estos espacios, cualquier discurso que prometa orden frente al caos cotidiano encuentra un terreno fértil.

En este marco se vuelve central la hegemonía que han adquirido en el mundo popular las ideologías del coaching, el emprendedurismo y la autoayuda. Estas narrativas funcionan como tecnologías de gobierno de la precariedad: interpelan al trabajador inseguro como “emprendedor de sí mismo”, responsable individual de adaptarse a un mercado laboral descompuesto. La inestabilidad estructural del empleo se convierte así en prueba moral de carácter; el fracaso, en culpa personal. La autoexplotación aparece como virtud y la competencia horizontal reemplaza cualquier forma de solidaridad.

Cuando ese esfuerzo individual no se traduce en estabilidad ni movilidad real, el resultado no es conciencia de clase, sino frustración. La ultraderecha ofrece entonces una salida reactiva: preserva intacta la lógica meritocrática y desplaza la rabia hacia enemigos simbólicos —el migrante, el feminismo, el “parásito estatal”— transformando la inseguridad laboral en demanda de castigo y exclusión.

Esta ofensiva por arriba encuentra su correlato por abajo en la colonización de la subjetividad popular mediante estéticas que glorifican la fuerza en un mundo sin garantías. La manosfera y la cultura incel se vuelven funcionales al proyecto ultraderechista al ofrecer una respuesta reaccionaria a la crisis de la masculinidad asociada al colapso del trabajo proveedor. No cuestionan al capital que precariza, sino que canalizan la frustración hacia el odio a las mujeres y a las diversidades, proponiendo jerarquías brutales como forma de recomposición identitaria.

De manera paralela, en los territorios donde el trabajo formal y la organización de clase han desaparecido casi por completo, la cultura narco se instala como gramática extrema de la supervivencia. El narcotráfico, el crimen organizado y el mercado no regulado encarnan el paroxismo del sujeto neoliberal: éxito sin reglas, autoridad sin ley, riqueza sin derechos colectivos. Esta estética del poder bruto conecta sin fricciones con el discurso ultraderechista punitivista; ambas comparten el culto a la fuerza, el desprecio por la legalidad liberal y la idea de que el orden sólo puede fundarse en la dominación.

Todas estas corrientes —desde el tecnicismo mesiánico de Silicon Valley hasta la manosfera y la narco‑cultura— convergen en un mismo núcleo: la naturalización de la jerarquía como respuesta al colapso de las relaciones sociales de trabajo. Ofrecen al mundo popular una forma de procesar la inseguridad cotidiana identificándose con el fuerte y despreciando al débil. La ultraderecha, así, no solo gana elecciones: gana sentido, gana lenguaje y gana afectos en un mundo donde el trabajo dejó de organizar la vida y la política dejó de ofrecer futuro.

En América Latina, este proceso cristaliza en un fascismo periférico y subordinado que busca administrar autoritariamente una sociedad precarizada. Bajo retóricas punitivistas y “ordenadoras”, estas derechas impulsan la re‑monopolización de recursos estratégicos y normalizan la violencia estatal como sustituto de derechos inexistentes. En el Chile actual, este proyecto intenta cerrar por la fuerza el ciclo abierto en 2019, utilizando la inseguridad material y laboral como base social para la restauración autoritaria.

En definitiva, la ultraderecha es el contramovimiento reaccionario ante la crisis del capitalismo digital y la descomposición de las relaciones sociales que daban coherencia a la vida popular. No ofrece una salida a esa crisis: la gestiona mediante jerarquía, exclusión y castigo. Para la izquierda revolucionaria, el desafío no consiste en denunciar el engaño ni en defender la cáscara vacía del orden liberal, sino en reconstruir las condiciones materiales y simbólicas de un nosotros capaz de devolver dignidad, seguridad y horizonte colectivo allí donde hoy solo quedan precariedad y miedo.

3- Las primeras semanas del gobierno de Kast: ofensiva patronal y política de shock.

Las primeras semanas del gobierno de Kast confirman con nitidez que estamos ante un gobierno de ofensiva patronal contra el pueblo y la clase trabajadora, un gobierno antipopular orientado a recomponer agresivamente las condiciones de acumulación del gran empresariado nacional y transnacional. Este proyecto se inscribe plenamente en la crisis estructural del capital, en la decadencia del bloque occidental y en la emergencia de la ultraderecha como forma de administración autoritaria de esa crisis. En el caso chileno, dicha forma adopta la figura específica de un fascismo periférico: subordinado al imperialismo yankee, extractivista en su base material y profundamente represivo en su despliegue interno.

Desde sus primeros movimientos, el Ejecutivo ha actuado como un dispositivo de ruptura estratégica orientado a reordenar aceleradamente la correlación de fuerzas entre capital y trabajo. No se trata de un ciclo de ajustes graduales, sino de una política de shock que combina desregulación económica, transferencia directa de ingresos hacia el capital y un endurecimiento represivo preventivo.

Esta estrategia no surge en el vacío. Chile fue el primer laboratorio mundial del neoliberalismo autoritario, implantado bajo la dictadura de Pinochet como experimento fundacional del capital global. El programa que hoy despliega Kast es el intento de completar y restaurar un proyecto que quedó estructuralmente cuestionado por el estallido social, cuestionamiento apaciguado por el gobierno progresista de Boric. Lo específico del momento actual es que esta restauración se intenta realizar sin golpe de Estado, utilizando las formas de la democracia liberal para vaciarla desde dentro. En este sentido, Kast se inscribe más en la lógica contemporánea de Milei u Orbán que en la del pinochetismo clásico, lo que fragmenta las respuestas sociales y dificulta la constitución de un bloque opositor unificado.

El eje ideológico de esta ofensiva es una retórica catastrófica que instala la noción de una “crisis transversal” —económica, de seguridad, moral y de valores— que afectaría por igual a toda la nación. Es la utilización de una pedagogía del desastre que naturaliza el retroceso en derechos, ingresos y libertades como sacrificio necesario. La crisis aparece deshistorizada y despolitizada, ocultando su raíz en la propia lógica del capital, y preparando subjetivamente el terreno para la disciplina autoritaria.

Es en este marco que se presenta el denominado Plan de Reconstrucción Nacional, cuyo nombre condensa su sentido político profundo. “Reconstruir” supone un país arrasado y un cuerpo social degradado que debe ser reordenado desde arriba. Bajo este significante se agrupa un paquete coherente de desregulación laboral, flexibilización extrema, debilitamiento sindical y transferencia sistemática de recursos hacia el capital concentrado. El Estado deja de cumplir cualquier función mediadora y asume explícitamente el rol de comando político de la ofensiva de clase, reinstalando un orden social que el ciclo abierto en 2019 había puesto en cuestión y que el progresismo (Frente Amplio, PC y Concertación) terminó de clausurar sin revertir.

Este discurso de “reconstrucción” permea efectivamente en amplios sectores populares golpeados por la precariedad, que reproducen la idea de un Estado quebrado y se muestran dispuestos a “apretarse el cinturón” en nombre del país. Esa disposición subjetiva se acompaña, al mismo tiempo, de un deseo punitivo dirigido hacia enemigos construidos políticamente: funcionarios públicos, migrantes, organizaciones sociales, pueblos originarios. Se configura así un sentido común sacrificial, donde el ajuste se acepta mientras se castigue a otros previamente nombrados como responsables de la crisis.

El programa económico interno se articula orgánicamente con el escenario geopolítico global. La modificación del MEPCO constituye una de las medidas más reveladoras: mediante ella, el gobierno decide que el costo de la guerra imperialista yankee‑sionista en Asia Occidental sea absorbido directamente por el pueblo chileno. El encarecimiento abrupto del combustible y el transporte no es una externalidad inevitable, sino una decisión política alineada con el sostenimiento del complejo militar‑industrial norteamericano. Kast gobierna, en este plano, como correa de transmisión local del imperialismo, subordinando la reproducción cotidiana de la vida popular a las necesidades estratégicas del bloque atlantista en su disputa con China.

Este alineamiento se refuerza en sectores estratégicos como el litio y el cobre, donde el gobierno favorece la apertura irrestricta al capital transnacional y bloquea cualquier intento de control soberano o industrialización. Chile cumple así una función demostrativa: mostrar que, pese al estallido, sigue siendo un territorio “confiable” para el capital global en el nuevo orden multipolar.

El ajuste vía precios se complementa con un drástico recorte del gasto fiscal, justificado bajo la retórica moralizante de la austeridad. Este ajuste golpea principalmente a los ámbitos de reproducción de la vida: salud, educación, vivienda y programas sociales, mientras refuerza el gasto en seguridad, defensa y pago de la deuda. Lejos de equilibrar las cuentas públicas, esta política transfiere ingresos, trabajo y tiempo de vida desde el mundo popular hacia el capital, profundizando la mercantilización de la reproducción social. La inflación de bienes básicos opera como una herramienta clásica de redistribución regresiva del ingreso.

Pero esta violencia económica no opera sin respaldo coercitivo. El gobierno de Kast despliega simultáneamente un dispositivo represivo y disciplinador orientado a anticipar y neutralizar cualquier forma de resistencia. La agenda de seguridad, el endurecimiento penal, el control preventivo y figuras como el “registro de vándalos” convierten el malestar social en riesgo penal, elevando el costo de la organización colectiva antes incluso de que esta emerja.

La lógica del proyecto es coherente: a mayor precariedad inducida por el programa económico, mayor capacidad de control y disciplinamiento estatal resulta necesaria. La violencia económica prepara el terreno para la violencia punitiva; el miedo no es un efecto colateral, sino un recurso central de gobierno. Un sujeto endeudado, exhausto y aislado es más permeable a los discursos de orden, castigo y jerarquía, y menos capaz de proyectar salidas colectivas.

Esta lógica incluye también una dimensión de género clave. El ajuste del gasto social y la destrucción de servicios públicos externalizan masivamente el trabajo de cuidados hacia los hogares, es decir, hacia las mujeres de los sectores populares. El antifeminismo del gobierno de Kast no es un rasgo cultural accesorio, sino parte orgánica de la restauración del orden: el feminismo popular fue uno de los actores más dinámicos del ciclo 2018‑2019 y, por lo mismo, constituye un adversario estratégico.

En definitiva, las primeras semanas del gobierno de Kast no representan una fase de instalación, sino una etapa concentrada de ofensiva estructural, restauración autoritaria y disciplinamiento social. Su proyecto sintetiza, en clave chilena, las tendencias más regresivas de la crisis de Occidente: subordinación imperial, extractivismo reforzado, desmantelamiento de derechos, precarización extrema del trabajo, patriarcado reactualizado y represión preventiva como tecnología de gobierno. Chile se configura así como un enclave periférico ejemplar para el bloque atlantista, gobernado mediante el miedo, la fragmentación del sujeto popular y la administración autoritaria del colapso.

4- El fantasma de la inflación y el alza del costo de la vida

En mi casa decimos que somos vegetarianos, con humor, porque ya no comemos carne. Me cuesta comprar un paquete de fideos, ir a la verdulería, no llego a fin de mes. Me tengo que endeudar y estoy cansada. Después vengo acá -a la parada de colectivos- y tengo que esperar media hora de cola para llegar a subir, para llegar tarde al trabajo y me descuenten eso. Por día tengo que gastar como seis mil pesos de SUBE, estoy cansada. Tengo 28 años y la verdad me digo todos los días para qué… voy a seguir viviendo para pagar deudas de acá hasta que me muera

Este es el testimonio de una mujer trabajadora argentina, entrevistada en la fila del atestado paradero de micro, imposibilitada de subir para llegar a su trabajo. El video circula en redes y la mujer repite varias veces “estoy cansada”, expresando la angustia de todo un pueblo frente al costo de la vida que no da tregua y a una precarización permanente de las condiciones de vida que golpea la dignidad humana en su cotidianidad. Y la mujer remata su descontento diciendo: “lo peor de todo es que esta es la misma gente que lo vota a Milei”.

Es angustiante escuchar este tipo de testimonios, no solo porque el corazón se nos aprieta cada vez que vemos la dignidad humana siendo pisoteada, sino porque sabemos que en la frase final podríamos cambiar a Milei por Kast, porque vemos que lo que está sufriendo el pueblo hermano argentino es lo que se nos viene a nosotros: alza del costo de la vida, aumento de la cesantía y el trabajo precario y precarización de las condiciones de vida (salud, educación, transporte, cuidados en general).

Ante esto, lo primero que debemos entender es que la inflación y sus consecuencias no son fenómenos puramente técnicos, ni fenómenos naturales inevitables. Al contrario, son productos de decisiones políticas que apuntan a la redistribución regresiva del ingreso y un mecanismo de disciplinamiento de las mayorías trabajadoras. Así, como ya se ha planteado, el «fantasma» de la inflación se agita no sólo como una consecuencia de desequilibrios macroeconómicos, sino como el resultado directo de la inserción subordinada de Chile en un escenario de guerra global y la decisión consciente del gobierno de Kast de descargar el costo de la crisis sobre los hombros del pueblo.

La agresión imperialista contra Irán ha fracturado las cadenas de suministro energético en Asia Occidental, disparando el precio del petróleo a niveles históricos. Para Chile, esta vulnerabilidad es inmediata: al ser una economía dependiente, el alza del crudo encarece automáticamente el transporte y la logística de todo lo que consumimos. Sin embargo, el golpe más profundo ocurre en la base de la pirámide: el alza de los fertilizantes. Dado que la región en conflicto es proveedora estratégica de estos insumos, producirlos es hoy mucho más caro, lo que dispara el precio de los alimentos básicos.

Es fundamental entender que no estamos ante una ‘inflación de demanda’ —ese concepto que la derecha usa para culpar al gasto público o al supuesto ‘exceso de dinero’ en manos de la gente—. En la inflación por demanda, los precios suben porque la gente compra más de lo que el mercado puede ofrecer. Lo que vivimos hoy es, por el contrario, un ‘choque de oferta’: los productos esenciales no suben porque la gente quiera comprar más pan o más aceite, sino porque producirlos y traerlos a la mesa es prohibitivo debido a los costos externos.

Este fenómeno es una transferencia directa de riqueza: mientras el costo de reproducir la vida (lo que una familia gasta estrictamente para comer, abrigarse y moverse para ir a trabajar) se vuelve impagable, el salario real se desploma. En términos simples, el sistema obliga al trabajador a pagar el costo de una guerra ajena y de una gestión ineficiente, erosionando su capacidad de subsistencia mientras los precios se fijan según la especulación internacional y no según las necesidades del pueblo.

Para lo que resta de este año, resulta ilusorio esperar una «autorregulación» del mercado que alivie la asfixia económica de las mayorías; por el contrario, el análisis de coyuntura sugiere que la inflación se consolidará como un mecanismo estructural de redistribución regresiva de la riqueza. Esta dinámica se manifestará con especial saña mediante una crisis de los bienes básicos, donde el choque de oferta derivado del conflicto internacional golpeará directamente el precio del pan, las legumbres y el transporte, ensañándose con aquellas familias que hoy destinan la totalidad de sus ingresos simplemente a la subsistencia alimentaria.

Ante este escenario de caída sostenida del salario real, el sobreendeudamiento se presentará no como una opción de consumo, sino como la única y desesperada salida para costear la canasta básica, lo que en la práctica significa una transferencia forzosa de la riqueza futura de la clase trabajadora hacia el sector financiero y la banca. Finalmente, esta precariedad material funciona como un eficaz dispositivo de control político y desmovilización. Al sumergir al pueblo en la angustia diaria por la carestía y la sobrevivencia, el gobierno de Kast apuesta al agotamiento social, confiando en que una población extenuada por las horas extra y la incertidumbre económica no encontrará el espacio ni la energía necesarios para la organización y la protesta política, consolidando así un escenario de disciplina social mediante el hambre y la deuda. De todas formas, la represión estará siempre a la espera de caer con todas sus fuerzas contra los sectores que logren movilizarse, ya sea de forma espontánea u organizada.

En este plano, las luchas reivindicativas contra el alza del costo de la vida y la precarización cotidiana, asoman como ejes fundamentales en las luchas que puede desplegar el pueblo trabajador para poner resistencia a la ofensiva patronal conducida por el gobierno ultraderechista de Kast.

5- La respuesta popular y el panorama en las izquierdas

El mundo popular y las izquierdas se encuentran, en general, sin capacidad de respuesta frente a este escenario, producto de la descomposición ideológica y organizativa que arrastra desde hace años, profundizada por la derrota que implicó el cierre del ciclo abierto en la revuelta, sin proyecto histórico ni horizonte programático, con organizaciones políticas pequeñas y fragmentadas y sin capacidad de incidencia en la política nacional ni de movilización de masas.

Durante estos primeros meses han sido los estudiantes el único segmento del campo popular con capacidad de convocar a movilizaciones importantes contra las políticas de precarización del gobierno de Kast. Aun así, a pesar del impulso movilizador, no han sido capaces de concitar el apoyo popular ni aglutinar a otros segmentos del movimiento popular para poner en jaque al gobierno. Por su parte, los movimientos feministas fueron capaces de lograr una importante convocatoria el 8M, previo al inicio del gobierno, pero no han logrado traducir esa convocatoria en fuerza impugnadora. El movimiento medioambientalista también se movilizó de forma relativamente masiva durante marzo, pero su impacto fue bajo. El primero de mayo, si bien la CUT logró una buena convocatoria, no presentó un plan de lucha ofensivo que pudiera frenar el proyecto de reconstrucción nacional, mientras la marcha de los sectores clasistas no logró una convocatoria más allá de sus propios círculos de militancia¹.

En definitiva, más allá de la agitación generalizada en redes sociales y de conflictividades acotadas, el movimiento popular no ha logrado articular fuerzas que puedan colocarse a la cabeza de la movilización contra el avance precarizado de la ultraderecha.

En el campo del progresismo y el reformismo, los partidos que componen el antiguo bloque de gobierno no han mostrado referentes críticos qué conduzcan la oposición institucional, mostrandose confundidos y dispersos frente a la estrategia de copamiento de agenda qué desplegó el gobierno y, aún cuando es esperable que intenten oportunistamente conducir algunos movimientos sociales, como el estudiantil, el medioambiental y el sindical, es difícil que puedan colocarse a la cabeza de una posible resistencia popular. La distancia que generaron con el pueblo durante su gobierno es difícil que sea revertida, a pesar de una retórica de nostalgia progresista que se esparce por redes sociales, apelando a que el gobierno de Boric fue mejor que el de Kast. La izquierda socialista y revolucionaria debe combatir tanto el oportunismo como la nostalgia del progresismo y sostener una posición crítica, de clase e independiente.

En este campo, del amplio espectro que se sitúa a la izquierda del antiguo bloque de gobierno, se han visto pocos movimientos que permitan proyectar la constitución de una fuerza opositora que, más allá de la crítica, pueda proyectar una alternativa desde la izquierda, más allá del PC y el FA. Lo más llamativo en las últimas semanas ha sido el agrupamiento de figuras como Fabiola Campillay, Matías Toledo, Rodrigo Mundaca y Joel Olmos, junto a otros líderes, concejales y organizaciones sociales territoriales de distintas comunas, para intentar articular una oposición por izquierda. Creemos que es importante que en la izquierda, en su amplio espectro, se articulen polos de organización, por lo que vemos de buena forma este agrupamiento. De todas formas, es necesario observar con ojo crítico el movimiento de este segmento y su posible tendencia a un cierto populismo comunitario, al caudillismo, al electoralismo y a la burocratización.

En el campo de la izquierda socialista y revolucionaria, es necesario que las organizaciones que allí nos situamos, hagamos esfuerzos concretos y acotados para avanzar en la unidad y constituir una fuerza política que pueda ser un actor relevante al interior de la izquierda y el campo popular.

Dado este panorama, se hace difícil pensar en la posibilidad de que el pueblo pase a la ofensiva en la lucha por la defensa de lo poco que le queda. Lo más seguro es que asistamos a un repliegue individual para la supervivencia en un contexto de alza del costo de la vida y de la represión con la cobertura ideológica en favor de los poderosos. Si llegásemos a vivir una experiencia similar a la revuelta del 2019, esta nos volvería a pillar sin organización y sin programa, tal vez un poco más conscientes de los límites y potencialidades de las revueltas, pero con un gobierno y un bloque en el poder en general, mucho más preparados para enfrentar represivamente y encauzar institucionalmente.

En ese contexto, la táctica a desplegar es necesariamente defensiva, lo que no quiere decir que sea timorata y retraída, sino más bien que reconoce un artefacto de resistencia que sabe reconocer sus límites y posibilidades, y que debe apuntar entonces a generar condiciones para pasar a un mejor escenario, y esas condiciones están dadas básicamente por la condición de fuerza de la izquierda socialista y revolucionaria. Para ello, las tareas fundamentales siguen siendo tres: fortalecer el trabajo de masas y avanzar en la unidad amplia del campo de oposición del mundo popular, la izquierda anticapitalista y los movimientos sociales y, en ese entramado, constituir el polo de agrupamiento de la izquierda socialista.

No son tiempos ofensivos de disputa del poder, pero son tiempos de urgencia para recomponer lo colectivo, la esperanza, la necesidad de la lucha y dibujar un horizonte socialista y revolucionario que pueda constituir su fuerza mínima que le permita desplegar su potencial a futuro.

1. El texto fue escrito antes de la cuenta pública del 1 de junio por lo que omite el análisis de las movilizaciones desarrolladas en esa fecha. Al respecto, podemos decir que la convocatoria de unidad parece un camino correcto para constituir un bloque de oposición surgido desde la izquierda y los movimientos sociales en lucha. Aún así, ai bien las movilizaciones lograron ese sentido de unidad, no logran romper el cerco del mundo activo y organizado y muestran ahi su debilidad y su principal tarea a futuro. Así, es importante que esa unidad pueda sostenerse, ampliarse y profundizarse en sentido programático para pasar del rechazo a la ofensiva de la ultraderecha a la construcción de un proyecto alternativo que no pueda ser cooptado por el progresismo en el próximo ciclo electoral. ↩︎