por Comité Editorial
Se han sucedido 138 años de la masacre de los obreros de la fábrica McCormick en la ciudad de Chicago, Estados Unidos; lo cual es fruto finalmente de la falta de derechos laborales y libertades políticas por parte de la gran mayoría de las clases populares de la época. En el caso chileno, después del plan laboral implementado por la dictadura cívico-militar, no hemos visto mejoras importantes que permitan que la clase trabajadora se convierta nuevamente en el sujeto político que existió en el siglo XX. Más bien hemos visto la profundización de una legislación que ha disciplinado a esta, provocando el efecto contrario.
Los ingresos del trabajo en Chile y la forma burlesca en que el empresariado comienza la aplicación gradual de la jornada de 40 horas, muestra mejor que nunca la total ausencia de una legislación que de una vez por todas elimine la herencia de la dictadura en los derechos laborales. No existe una legislación seria que plantee una política robusta de salario mínimo que permita asegurar a las mayorías estar por arriba de la línea de la pobreza, ni un proyecto de ley que permita la negociación por rama o fortalezca el derecho a huelga más allá de la negociación colectiva. Es decir, no existen iniciativas que vayan a fortalecer el poder de los sindicatos frente a su contraparte.
A cambio, lo que existe es una deriva autoritaria con la cual las clases dominantes quieren volver a disciplinar a las clases populares, y que amenaza con avanzar más aún en la desposesión de derechos para las grandes mayorías. El actual gobierno de Boric no sólo no tiene interés de llevar adelante su tímido e insuficiente programa, sino que además ha impulsado y apoyado una serie de leyes que vienen a restringir las libertades políticas. La Ley anti-tomas es sólo la última expresión de esto, y junto con la militarización perpetua del Wallmapu, han fortalecido como nunca a las fuerzas represivas, en facultades y apoyo logístico.
Los últimos días, la muerte de 3 carabineros cerca de Cañete ha provocado la histeria de la clase política, y estos – en conjunto con la complicidad absoluta de los grandes medios de comunicación – nos muestran una vez más el racismo, clasismo y colonialismo que afecta y corroe las instituciones en Chile. Lo más probable es que la justicia actué en concordancia con lo mismo, sin siquiera considerar los antecedentes que existen sobre grupos paramilitares, y crimen organizado de la zona. También, fruto de los mismo, hemos visto cómo los últimos días en forma desvergonzada la justicia está condenando ejemplarmente a Héctor Llaitul, detenido por unas declaraciones y ante una total falta de pruebas de los delitos que se le imputan.
Frente a un capitalismo incapaz de salir de su última crisis y asegurar tasas de ganancias elevadas en el mercado mundial, la acumulación por desposesión, es decir, la política del despojo, se vuelve la única forma de operar para el capital y así acelerar su proceso de valorización. Para esto se necesita restringir aún más la democracia y reprimir las disonancias a las medidas encaminadas en esa dirección. Totalmente alineados con esa política, hemos visto constantemente como el gobierno del Frente Amplio lejos de otorgar más libertades políticas y derechos sociales a la población, ha propiciado la restricción de estos y una deriva autoritaria sin precedentes desde la posdictadura.
Esto a partir de una derrota cultural hacia la izquierda con la que han colaborado desde el primer día que pisaron la moneda. Desde el primer día se aceptó completamente que la derecha instalará su agenda y todo girará en torno a una supuesta crisis de seguridad. Después se aceptó sin mayor oposición la narrativa de estos en relación con su percepción de la revuelta popular, y se ha criminalizado esta como un hecho delictivo, abandonando a las víctimas y la demanda de justicia frente a las violaciones a los DD.HH. La mantención y protección del general Yáñez, es el mejor ejemplo de cómo se promueve esta impunidad. Posteriormente se colabora y potencia la canonización mediática del expresidente Piñera, lo cual es el mayor golpe a la izquierda en la batalla cultural de las últimas dos décadas.
A pesar de todo esto, hoy estamos viendo huelgas, y todo tipo de manifestaciones reivindicativas por todos lados, lo cual nos demuestra que una parte importante del pueblo aún legitima la lucha como salida a los problemas que enfrenta la sociedad. El deber de la izquierda es apoyar y direccionar políticamente esas movilizaciones para romper el cerco institucional autoritario que se instala. Nuestra vocación como izquierda debe ser estar con nuestro pueblo y ayudarlo en avanzar hacia su emancipación.
La Revista Horizontes nace bajo la necesidad de generar el debate en las izquierdas y el activo social para trazar un camino de liberación para las clases populares. Es un esfuerzo de TejeR- ConstruIR para incentivar la discusión y la unidad de las fuerzas de la izquierda socialista y de las fuerzas anticapitalistas.
A 50 años de la caída en combate de Miguel Enríquez
¡Adelante con todas las fuerzas de la historia!
