Nico Castañeda
“¿Qué diferencia hay entre una mera obligación, el sentimiento de que uno debe comportarse de una determinada manera, o incluso que uno debe algo a alguien, y una deuda, hablando correctamente? La respuesta es sencilla: dinero.”
David Graeber. En Deuda
Hace un par de décadas se consolidó el mito de la meritocracia y la movilidad social de las «clases medias», una narrativa que presentaba a la educación universitaria como la vía individualizada por excelencia para superar la precariedad material. Esta promesa ocultaba cómo la educación superior, bajo el capitalismo tardío, no es una herramienta de movilidad social (ni mucho menos de emancipación), sino, entre muchos otros aspectos, un mecanismo más de valorización, donde el estudiante se ve forzado a producir y refinar su propia fuerza de trabajo como una mercancía altamente calificada, asumiendo individualmente el costo de su propia reproducción a través del endeudamiento.
Hoy, esta narrativa se ha desmoronado ante la terca realidad de la crisis estructural. La ilusión del ascenso social ha dado paso a la precarización profesional y a la asfixia financiera vía deuda. Este fenómeno se agudiza drásticamente bajo el gobierno de José Kast, cuyas políticas económicas ilustran a la perfección lo que David Harvey denomina acumulación por desposesión, en la cual, ante el estancamiento de los mecanismos tradicionales de acumulación, el capitalismo contemporáneo recurre a la privatización y mercantilización de los bienes comunes, naturales y culturales para mantener sus tasas de ganancia. Al implementar el embargo de sueldos, cuentas bancarias y retenciones de devolución de impuestos a los deudores educativos, el Estado despoja de su máscara «civilizada» al contrato mercantil (más de 1.500 personas habían sido embargadas al 8 de junio de 2026).
Aquí el estudio superior, y el crédito educativo para financiarlo, revela su verdadera naturaleza: no es un vehículo de ascenso y movilidad social, sino una cadena de capital ficticio que subsume el trabajo futuro de la clase trabajadora. El Estado interviene activamente como el brazo coercitivo del capital para garantizar la extracción de plusvalía y la transferencia de riqueza desde los ingresos salariales de los trabajadores precarizados hacia las arcas del sector financiero, demostrando que en el capitalismo, la legalidad y el despojo son dos caras de la misma moneda. En otras palabras, el sistema financiero revela su esencia de esquema Ponzi, que consiste en sobrevivir mediante la emisión constante de nueva deuda para pagar obligaciones anteriores. Este modelo exige un crecimiento perpetuo e infinito que resulta estructuralmente insostenible a largo plazo.
El Crédito con Aval del Estado (CAE) constituye un mecanismo de subsunción financiera de la reproducción social, estructurado como un híbrido donde la banca privada inyecta capital ficticio en forma de préstamos y el Estado actúa como garante último para asegurar la tasa de ganancia privada frente al riesgo de la deuda impaga. El flujo dinerario no proviene de los fondos sociales gestionados por el Estado, sino de la banca privada, que mercantiliza el acceso al conocimiento transformándolo en una rama de inversión para su propia acumulación. El crédito se convierte en una pre-compra de la fuerza de trabajo futura del estudiante, determinando que el valor de cambio de la educación universitaria se realice en las arcas del capital financiero. El rol del Estado como «aval» despoja al capital financiero del riesgo inherente a la circulación mercantil. Al intervenir el aparato público para respaldar la deuda, el Estado asegura que, ante la incapacidad del deudor de reproducir su vida y pagar el crédito, la masa de valor sea transferida directamente desde los fondos públicos hacia los bancos. El Estado actúa aquí como el «comité de administración de los negocios comunes de la burguesía», absorbiendo las pérdidas con el trabajo social global para blindar la acumulación privada (más de $7,25 billones fueron pagados por el Fisco a la banca por compra de créditos CAE, incluyendo recarga o sobreprecio).
La profundización del modelo de desposesión encuentra su expresión más nítida y brutal en la mercantilización de la salud y la educación, áreas fundamentales para la reproducción de la vida. En el ámbito educativo, esto ha operado mediante una violenta acumulación por desposesión: el traspaso de la infraestructura técnico-tecnológica pública a manos privadas y la deliberada huelga de inversiones del Estado durante más de tres décadas representan una transferencia directa de riqueza social hacia la órbita de la acumulación privada. La proliferación de universidades privadas orientadas a la extracción de ganancias, junto con la municipalización y el subsidio estatal a la educación privada, demuestra que el aparato público actúa como el comité administrador de los intereses de la burguesía. El Estado extrae valor de los tributos de la sociedad para subsidiar y blindar la tasa de ganancia de los nichos educativos privados. Al forzar a las universidades estatales al autofinanciamiento y retirar el aporte fiscal directo, el capital equipara el costo de la educación pública al de la privada. Esto transforma el acceso al conocimiento en una transacción mercantil pura, obligando a las clases populares a recurrir al endeudamiento (capital ficticio) para financiar su propia cualificación laboral.
El aspecto más profundo de esta mutación es la subsunción real de los procesos de gestión pública a las leyes del valor y de la empresa capitalista. Las universidades del Estado han sido reestructuradas internamente para operar como corporaciones. Mediante incentivos económicos individuales, los académicos son empujados a actuar como «microempresarios» de la educación, privatizando los espacios y el prestigio institucional a través de programas de postgrado autofinanciados que extraen rentas directamente de los estudiantes. Asimismo, la creación de sociedades espejo y empresas relacionadas permite que facciones de la burocracia académica usufructúen de la infraestructura pública para la acumulación privada, legitimando el despojo bajo la narrativa de la eficiencia financiera oficial. Lo que transforma a los académicos en parte importante de este esquema Ponzi.
Esta lógica corporativa es funcional a un sistema de acreditación que opera como un mecanismo de control de calidad industrial. Los criterios de «excelencia» privilegian el formalismo burocrático y la producción de investigaciones indexadas de corto plazo. Este fenómeno representa la enajenación del trabajo intelectual: la investigación ya no responde a las necesidades emancipatorias o estratégicas de la sociedad, sino a las métricas del mercado editorial globalizado que valorizan el capital académico individual. Al romper todo vínculo con un proyecto de desarrollo social, la educación superior deviene en una fábrica alienante de fuerza de trabajo estandarizada. El estudiante ya no es un sujeto social, sino un átomo individualista que acude al mercado universitario a comprar una destreza técnica inmediata para venderse mejor en el mercado laboral. La doctrina oficial de la clase dominante no se equivoca al definir la educación como un «bien de consumo»: bajo el capitalismo, el conocimiento ha sido despojado de su carácter de derecho social para convertirse, estrictamente, en una mercancía más.
Sin una formación de un proyecto de desarrollo social, la precarización del empleo a escala global no es un accidente o una anomalía, sino una estrategia deliberada del capital para contrarrestar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Bajo los eufemismos ideológicos de «fomento», «flexibilización» o «regímenes de excepción», el Estado burgués fragmenta a la clase trabajadora (segmentándola por género, edad o cualificación) para devaluar sistemáticamente el valor de la fuerza de trabajo. Al institucionalizar la inestabilidad de los jóvenes, mujeres y profesionales recién egresados, el capital reduce sus costos de reproducción y maximiza la extracción de plusvalía absoluta, despojando al trabajo de sus conquistas históricas en favor de una explotación más intensiva.
La deuda educativa dista de ser un mecanismo financiero neutral; constituye un dispositivo estructural de coerción invisible que precariza activamente la existencia de la clase trabajadora. Su mayor triunfo ha sido la hegemonía ideológica: disciplinar el sentido común para que la sociedad cuestione la moralidad del impago, mientras naturaliza la inmoralidad sistémica de condicionar los derechos sociales al endeudamiento privado.
El embargo no es un mero trámite administrativo de cobro, sino la manifestación explícita de la violencia latente y coercitiva ya inscrita en la génesis de la deuda. Cuando el capital financiero adquiere el poder legal de confiscar el salario, intervenir cuentas bancarias y subordinar las decisiones futuras del deudor, se desmorona la máscara benefactora del Estado y el mercado. Lo que la doctrina oficial maquilla como una “oportunidad” de acceso se revela como la subsunción y enajenación de la vida misma a través de la usura. Ellos saben que su estafa piramidal cae a pedazos y solo pueden sostenerla con la violencia y el engaño.
