La estructura de clases del Chile contemporáneo vista desde la CASEN 2024
Gonzalo Durán Sanhueza, Fundación SOL
Los últimos datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) fueron levantados por el Estado de Chile entre noviembre de 2024 y enero de 2025. Esta encuesta se aplica regularmente cada dos años (aunque durante un período se realizó cada tres) y constituye la principal radiografía social y económica del país. Sus resultados entregan información clave para el diseño de políticas públicas y sirven de base para la medición oficial de la pobreza por ingresos, la pobreza multidimensional y diversos indicadores de desigualdad, como el coeficiente de Gini y las brechas entre deciles de ingreso.
La versión 2024 incorporó una nueva metodología para calcular la pobreza, la primera actualización en una década (y la segunda en su historia). Los resultados son preocupantes, pero al mismo tiempo permiten observar con mayor claridad las condiciones materiales de vida de amplios sectores de la población.
Tras considerar las transferencias monetarias del Estado, la pobreza alcanza al 17,3% de la población, lo que equivale a casi 3,5 millones de personas. Este porcentaje es mayor entre las mujeres, llegando a 18%, frente a 17,3% en los hombres. El resultado contrasta con la imagen de prosperidad que habitualmente proyecta el país. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, Chile es actualmente la segunda economía con mayor ingreso por habitante de América del Sur, muy cerca de Uruguay, que encabeza el ranking regional.
La situación es aún más grave cuando se observa la pobreza infantil. En este grupo alcanza al 26% de la población. Entre niñas, niños y adolescentes pertenecientes a hogares migrantes, la cifra se aproxima al 50%.
La pobreza, medida con la metodología actualizada, revela un problema social de gran magnitud. Al mismo tiempo, los indicadores de concentración de la riqueza continúan profundizándose. Un reciente informe del Ministerio de Hacienda muestra que el 1% más rico del país concentra más de la mitad de la riqueza acumulada.
¿Qué ocurre entonces con quienes dependen de su fuerza de trabajo para subsistir?
Esta pregunta permite acercarse al núcleo del problema. Porque detrás de la pobreza observada existe una cuestión más profunda: ¿qué condiciones de vida genera por sí mismo el mercado laboral chileno?
Para responderla es útil examinar la denominada pobreza laboral. Aunque no se trata de un indicador oficial, puede estimarse a partir de la propia CASEN. El ejercicio consiste en calcular la pobreza excluyendo de los ingresos de los hogares las transferencias monetarias del Estado. De esta forma es posible aproximarse al resultado social que emerge directamente de la relación entre capital y trabajo.
Sin subsidios ni ayudas estatales, la pobreza por ingresos aumentaría desde el 17,3% observado hasta cerca del 25%. En otras palabras, millones de personas que hoy logran superar la línea de pobreza lo hacen gracias a las transferencias del Estado y no únicamente a los ingresos que obtienen del trabajo. El mercado laboral chileno, por sí solo, no garantiza condiciones materiales suficientes para una parte importante de quienes viven de la venta de su fuerza de trabajo.
Según la CASEN, la mitad de las y los trabajadores percibe menos de $600.000 líquidos como ingreso por la ocupación principal. La insuficiencia de los salarios se observa con aún mayor claridad al analizar los ingresos laborales. Un reciente informe de la Fundación SOL, Los bajos sueldos de Chile, muestra que, entre los hogares arrendatarios, el 64% de las y los trabajadores no percibe ingresos suficientes para sacar de la pobreza a un hogar de tres personas. Dicho de otro modo, si una familia de tres integrantes dependiera exclusivamente del salario de un trabajador o trabajadora, casi dos de cada tres hogares arrendatarios permanecerían bajo la línea de pobreza.
Mientras esto ocurre, la concentración de la riqueza alcanza niveles extraordinarios. Un reciente estudio del Ministerio de Hacienda, elaborado a partir de los registros de la Oficina de Altos Patrimonios del Servicio de Impuestos Internos, muestra que el 10% más rico concentra más del 80% de la riqueza del país, mientras que el 1% acumula por sí solo más de la mitad del patrimonio nacional.
La concentración de los ingresos también alcanza niveles extremos. Un informe del propio Ministerio de Hacienda mostró que, en 2022, el 0,01% de los contribuyentes con mayores ingresos (apenas 1.315 personas) percibía ingresos promedio cercanos a los $875 millones mensuales por persona.
La trayectoria de los grandes grupos económicos muestra, además, que las sucesivas crisis no han deteriorado su posición patrimonial. Por el contrario, las han atravesado manteniendo e incluso ampliando su riqueza. Según información de la revista estadounidense Forbes, la familia Luksic-Fontbona, controladora de empresas como Banco de Chile, Antofagasta Minerals y Canal 13, incrementó su patrimonio en más de un 1.000% entre 1996 y 2026.
La fotografía que entregan la CASEN y los registros tributarios e investigación patrimonial es, por tanto, la de una sociedad donde conviven una elevada pobreza, salarios insuficientes y una concentración extraordinaria de la riqueza. La pregunta es cómo se organiza socialmente esa economía para producir simultáneamente estos resultados.
Para responder esta pregunta, iremos de una mirada general a otra más específica. El objetivo es aproximarnos a la estructura de clases del Chile contemporáneo, es decir, comprender cómo se distribuyen las principales posiciones que las personas ocupan dentro del proceso de producción. Para ello utilizaremos la misma fuente de información ya presentada: la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2024.
Un primer paso consiste en observar la composición de la población ocupada, integrada por cerca de 9,5 millones de personas. Apenas un 3,2% declara desempeñarse como empleador o patrón, categoría que constituye una aproximación a quienes controlan empresas y contratan fuerza de trabajo. En el extremo opuesto, la enorme mayoría obtiene sus ingresos a partir de su propio trabajo. Un 60% se desempeña como empleado u obrero del sector privado, un 10,8% lo hace en el sector público, cerca de un 3% trabaja en empresas estatales y un 2,4% corresponde al servicio doméstico remunerado. A ello se suman un 0,4% de familiares no remunerados y cerca de un 1% perteneciente a las Fuerzas Armadas.
Una categoría que requiere un análisis particular es el trabajo por cuenta propia, que representa cerca del 20% de la población ocupada. Se trata de un grupo altamente heterogéneo, donde conviven profesionales independientes, pequeños propietarios y diversas formas de autoempleo e informalidad. Por ello, su ubicación de clase no puede resolverse únicamente a partir de la categoría ocupacional declarada, sino que requiere considerar otras variables.
En otras palabras, la primera imagen que entrega la CASEN es la de una sociedad donde la principal relación económica no es la propiedad del capital, sino el trabajo. Quienes compran fuerza de trabajo constituyen una minoría, mientras que la inmensa mayoría de la población ocupada depende de la venta de su fuerza de trabajo o de su propio trabajo para asegurar su subsistencia.
Si nos concentramos en el ejército activo, es decir, en quienes venden su fuerza de trabajo a empresas privadas, empresas del Estado, organismos públicos, municipios o como trabajadoras de casa particular, también es posible distinguir distintas posiciones dentro del proceso laboral. Una pequeña fracción corresponde a cuadros directivos, responsables de funciones de supervisión, dirección o mando. Este grupo representa apenas alrededor del 1% del ejército activo. La inmensa mayoría, en cambio, participa directamente en los procesos de trabajo sin ejercer funciones de dirección. En conjunto, cerca del 75% de las personas ocupadas integra el ejército activo de mano de obra y constituye, por tanto, el núcleo principal de la clase trabajadora chilena.
Más compleja es la situación del trabajo por cuenta propia. Esta categoría reúne posiciones muy diversas y no admite una clasificación única. Una parte corresponde a pequeños propietarios que desarrollan su actividad con medios propios y se aproxima a la pequeña burguesía. Sin embargo, otra fracción se caracteriza por la precariedad, la inestabilidad de sus ingresos y la ausencia de una inserción laboral estable.
En estos casos, el trabajo por cuenta propia opera más como una estrategia de supervivencia que como una actividad económica consolidada. No se trata de asalariados en sentido estricto, por lo que no forman parte directamente del ejército activo. Pero tampoco viven del trabajo ajeno ni logran reproducirse como propietarios estables. Viven de su propio trabajo y se encuentran subordinados al capital de manera indirecta (sin una relación de subsunción formal o real), a través del mercado, los proveedores, el crédito, la competencia y la necesidad permanente de vender para subsistir.
Desde esta perspectiva, una fracción importante del trabajo por cuenta propia se ubica más cerca de la clase trabajadora y del ejército de reserva que de una pequeña burguesía consolidada. A partir de los criterios utilizados en este estudio, aproximadamente un 35% de quienes inicialmente aparecen clasificados como trabajadores por cuenta propia puede reclasificarse en esta situación. Se trata de personas que viven de su propio trabajo, pero cuya reproducción material depende de actividades altamente precarias e inestables y cuya inserción en el capitalismo se encuentra mediada por el mercado más que por una relación salarial directa (es decir, sin una subsunción formal o real del trabajo, aunque sí bajo una subordinación indirecta a la lógica de la acumulación capitalista).
Con este ajuste, la pequeña burguesía representa aproximadamente un 17% de la población ocupada, mientras que la burguesía constituye menos de un 1%. El resto se distribuye entre el ejército activo de la clase trabajadora y una fracción del trabajo por cuenta propia que, en esta estimación, se reclasifica como parte del ejército industrial de reserva. Esta decisión responde a que se trata de la categoría ocupacional cuya posición de clase resulta más ambigua y cuyas condiciones materiales de existencia (marcadas por la precariedad, la inestabilidad de los ingresos y una subordinación indirecta al capital) la aproximan más a la superpoblación relativa que a una pequeña burguesía consolidada.
La principal conclusión de este ejercicio es que Chile sigue siendo, fundamentalmente, una sociedad de trabajadores. La inmensa mayoría de quienes producen la riqueza depende de la venta de su fuerza de trabajo o de su propio trabajo para subsistir, mientras una fracción muy reducida concentra la propiedad y la riqueza. Lejos de la imagen de un país de emprendedores o de una extensa clase media, la CASEN 2024 revela una estructura social marcada por una amplia clase trabajadora, un importante ejército industrial de reserva y una elevada concentración del capital.
Comprender esta estructura no constituye un ejercicio meramente descriptivo. También permite interpretar las disputas políticas del presente. Si la mayoría de la sociedad vive de su trabajo, entonces las políticas que afectan los salarios, la negociación colectiva, la protección social, la organización sindical o las posibilidades de movilización no recaen sobre un grupo particular, sino sobre la inmensa mayoría del país. En este contexto, los proyectos que buscan individualizar los riesgos sociales, debilitar los derechos laborales o restringir la acción colectiva adquieren un significado que va mucho más allá de una discusión técnica: inciden directamente sobre las condiciones de existencia de la principal clase social de Chile.
La CASEN 2024 no sólo revela cuántas personas viven en pobreza o cómo se distribuyen los ingresos. También permite observar quiénes producen la riqueza y desde qué posiciones lo hacen. Tal vez esa sea su principal enseñanza. Y también la pregunta que deja planteada: si Chile continúa siendo, ante todo, una sociedad de trabajadoras y trabajadores, ¿por qué esa mayoría no logra traducir su peso social en una capacidad equivalente para disputar la distribución de la riqueza y orientar el rumbo de la sociedad?
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