Cano
Militante de Tejer-ConstruIR.

América Latina atraviesa un momento decisivo. Tras el ascenso de gobiernos progresistas en dos oleadas significativas —la primera a inicios del milenio y la segunda en la década de 2020—, la región se enfrenta hoy a un nuevo y preocupante retroceso. Este reflujo se caracteriza por la persistencia de crisis económicas, un descontento social creciente, fácilmente canalizado por discursos antiestatales, y el avance acelerado de fuerzas de ultraderecha que, paradójicamente, se autoproclaman “anticasta”, “antipolítica” y portadoras del “orden”.

A pesar de los innegables avances del progresismo en la reducción de la pobreza, la ampliación de derechos y la recuperación del rol del Estado, estos gobiernos no lograron resolver el núcleo estructural que limita y estrangula su propio proyecto. El progresismo gobierna dentro de las fronteras del capitalismo dependiente latinoamericano, sin desafiar verdaderamente el poder económico privado, que determina los precios, la inversión, los niveles de producción y la dinámica inflacionaria. Por lo tanto, es importante que, desde una perspectiva socialista y revolucionaria, comprendamos que si no se logra romper el cerco del capital y avanzar hacia una estrategia que transforme las estructuras de propiedad, los intentos transformadores, por muy buenas intenciones que porten, están condenados a administrar temporalmente un orden que, de manera inevitable, se revierte en su contra. Esta dinámica abre la puerta a proyectos reaccionarios hábiles para capitalizar el malestar generado por la inflación, la desaceleración económica y la frustración de las expectativas populares.

Integrar y sostener estos elementos en el debate programático es una exigencia básica si la izquierda con perspectiva socialista aspira a plantear una alternativa histórica que trascienda la mera administración de las dinámicas del capital. El programa socialista debe operar la ruptura epistémica y política fundamental, saliendo del estrecho marco de discusión que impone el liberalismo en todas sus formas. Es imperativo politizar la cuestión económica, desvelando que el problema de la desigualdad y la inestabilidad no es un mero desajuste técnico, sino una confrontación fundamentalmente política por el control de la propiedad y la producción.

El progresismo como administración del capitalismo dependiente

Los proyectos progresistas, aunque diversos, comparten tres supuestos fundamentales: la creencia de que es posible redistribuir sin transformar las estructuras de propiedad; la confianza en que el crecimiento capitalista por sí mismo financiará la ampliación de los derechos sociales; y la esperanza de que el Estado puede disciplinar al mercado sin necesidad de confrontarlo directamente. Y ahí reside su propio límite estratégico. Las reformas redistributivas se implementan en economías donde la burguesía local se caracteriza por ser rentista, oligopólica, financierizada y estructuralmente subordinada a la lógica de los commodities. Como lo demostraron Ruy Mauro Marini y Theotonio dos Santos, la estructura productiva latinoamericana no es simplemente desigual; su condición de funcionamiento es, en sí misma, la producción de desigualdad¹. En consecuencia, cada avance progresista depende de variables cruciales que no controla: la inversión privada, la estabilidad del tipo de cambio, los precios internacionales, los márgenes de ganancia del empresariado y, fundamentalmente, la tolerancia del capital financiero.

El resultado es un ciclo que se repite históricamente: un crecimiento social moderado, seguido de un auge redistributivo, lo que inmediatamente genera una intensa presión inflacionaria por parte del capital concentrado. Esto conduce a una crisis fiscal o externa, lo que obliga al gobierno a aplicar ajustes y moderación, lo que desencadena descontento popular y, finalmente, un avance de la derecha con un discurso centrado en el anti-Estado.

El disciplinamiento del capital

La inflación, en ese contexto, no puede ser comprendida como un mero fenómeno monetario ni como un simple desequilibrio técnico del gasto público. Contrariamente al relato ortodoxo, numerosos economistas marxistas y estructuralistas han demostrado que la inflación es, ante todo, un campo de lucha de clases². Es decir, la inflación forma parte del repertorio político de acción de la burguesía para enfrentar los avances de la clase trabajadora.

Cuando los salarios aumentan o el Estado amplía los derechos sociales, el capital reacciona de manera organizada. Sus mecanismos de respuesta incluyen la elevación de precios, la restricción selectiva de inversiones, el acaparamiento estratégico de inventarios, la promoción de devaluaciones parciales, la fuga de capitales y la ralentización de la producción para disciplinar las expectativas salariales. Michal Kalecki anticipó este comportamiento ya en 1943 al señalar que los capitalistas se opondrán a toda política que fortalezca a los trabajadores porque, a pesar de que pueda generar ganancias, debilita su poder de clase³. En América Latina, donde los mercados operan bajo una alta concentración, este poder disciplinario se multiplica.

El resultado de esta dinámica es que toda reforma social progresista se traduce, tarde o temprano, en un episodio inflacionario que los medios y los economistas de élite atribuyen fraudulentamente al “exceso de gasto”. El progresismo queda atrapado entre las demandas legítimas de su base social —que exige mejoras— y un capital que castiga la redistribución, lo que la convierte en inflación. De esta manera, la inflación se convierte en una potente herramienta política del capital para desacreditar y deslegitimar el programa progresista.

Progresismo, frustración y el avance de la ultraderecha

El fenómeno contemporáneo de la ultraderecha no es un surgimiento espontáneo. Es, en gran medida, el resultado directo de la incapacidad del progresismo para alterar las condiciones estructurales del capitalismo dependiente, conjugada con un contexto global de crisis civilizatoria.

La secuencia política se ha vuelto predecible: los gobiernos progresistas impulsan un aumento de salarios, el gasto social y la ampliación de derechos; el capital responde inmediatamente presionando los precios y promoviendo la fuga de divisas; lo que desemboca en inflación, crisis fiscal y desaceleración económica. Los progresismos, acorralados por la situación, se ven obligados a moderar sus políticas para “dar tranquilidad a los mercados”. En este punto, su base social se desencanta al percibir una dolorosa continuidad del orden económico de fondo. Es entonces cuando la ultraderecha capitaliza este profundo malestar con un discurso simple que se centra en ser antiélite, anti-Estado y “anticorrupción”.

La ultraderecha prospera precisamente porque el progresismo se limita a administrar el malestar social sin resolverlo de raíz. Este patrón se observa, con distintos matices, en países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y México. El denominador común es la incapacidad del progresismo para quebrar la estructura de poder que, de manera sistemática, produce inflación y desigualdad. A diferencia de la socialdemocracia europea de posguerra —que operaba en economías industriales con sindicatos fuertes y capitales nacionales disciplinables—, el progresismo latinoamericano enfrenta una burguesía que no impulsa el desarrollo, opera a escala regional y global, y responde con extrema agresividad ante cualquier cuestionamiento a su dominio. Frente al desorden inflacionario y a la incertidumbre, la ultraderecha ofrece un relato seductoramente simple: “el Estado es el problema”, que atrae a sectores populares agotados por la incertidumbre cotidiana.

El proyecto del socialismo del siglo XXI, aunque fue un intento de ir más allá de los límites del progresismo clásico, no logró romper los cercos de las dinámicas del capital. Sin lugar a dudas, logró avances innegables en aspectos como el aumento salarial, las nacionalizaciones parciales, la ampliación de derechos, la promoción de la participación popular, las políticas antioligárquicas y los procesos constituyentes. Sin embargo, también se topó con límites estructurales insuperables: dependió excesivamente de los precios internacionales de las materias primas; mantuvo intactas importantes estructuras oligopólicas internas; no transformó profundamente la propiedad de la banca ni de los sectores estratégicos; y fracasó en la estabilización de los mecanismos de planificación democrática. A esto se sumaron el sistemático sabotaje empresarial, el boicot financiero y los ataques políticos, con la inflación como principal herramienta de disciplinamiento.

El resultado fue una mejora sustancial en las condiciones de vida de las mayorías, pero sin la consolidación de bases socialistas sólidas. La burguesía, acorralada pero no desplazada, respondió con virulencia mediante el desabastecimiento, la manipulación cambiaria, la guerra jurídica y el terrorismo mediático. Con la caída de los precios de los commodities, varios procesos entraron en una profunda crisis. El balance es irrefutable: un proyecto posneoliberal es insostenible si no se transforma la propiedad y el control efectivo de la economía.

Para romper el cerco, un programa socialista

Para superar los límites del progresismo y resistir el avance destructivo de la ultraderecha, se requiere una estrategia socialista capaz de nombrar con claridad al adversario y disputarle el poder real. Esto implica democratizar la economía mediante la transformación de la propiedad y la gestión de los sectores estratégicos: la energía, la banca, el transporte, la minería, las telecomunicaciones y la logística. Sin el control democrático de estos nodos, la inflación seguirá siendo el arma predilecta del capital.

También es vital establecer un sistema financiero bajo control público, con una banca estatal dominante que oriente la inversión hacia el desarrollo productivo y la soberanía, en lugar de la especulación. Esto debe combinarse con una planificación democrática, estableciendo algún organismo, tipo Consejo Nacional de Planificación Económica, con representación vinculante de sindicatos, cooperativas, organizaciones territoriales y comunidades científicas, orientada a la construcción de una nueva matriz productiva basada en la industrialización ecológica, la soberanía alimentaria, la economía cooperativa y la construcción de cadenas regionales de valor.

Junto a ello, es fundamental construir poder popular mediante la creación de instituciones que permitan a la clase trabajadora tomar decisiones económicas: consejos laborales, control social de las empresas, presupuestos participativos y diversas formas de democracia directa entre productores, consumidores y territorios. Finalmente, la integración regional es estratégica para formar un bloque económico capaz de enfrentar las presiones externas, reducir la dependencia del dólar y generar una verdadera capacidad industrial latinoamericana.

El progresismo se encuentra atrapado en una compleja paradoja de la que no va a salir, debido a su propia condición de clase: para mejorar la vida de las mayorías, debe aplicar políticas que, en un capitalismo dependiente, generan inevitablemente inflación y conflicto con el capital. Si capitula y modera sus reformas, alimenta la frustración popular y abre el camino a la ultraderecha. Si insiste en no transformar las estructuras de propiedad, se enfrenta a crisis económicas que erosionan su legitimidad.

La única salida estratégica a esta encerrona es romper el cerco del capital. Esto significa democratizar la economía, construir poder popular y avanzar hacia un socialismo capaz de combinar planificación, principios ecológicos, participación masiva y soberanía nacional.

1. Ruy Mauro Marini, Dialéctica de la Dependencia. ↩︎
2. Paul Sweezy y Harry Magdoff, La economía política del capitalismo monopolista. ↩︎
3. Michal Kalecki, “Aspectos políticos del pleno empleo”, 1943 ↩︎