Nicolás Quiroz Sandivari[1]
Cuando hablamos del campesinado en Chile, nos referimos a un sujeto social y político cuya existencia se remonta al modo de producción hacendal instaurado durante la colonia. A lo largo de su historia, ha atravesado por procesos de inquilinaje y peonaje, hasta protagonizar cambios estructurales en el proceso de Reforma Agraria durante las décadas de 1960 y 1970, el cual culminó con una contrarreforma impuesta por la dictadura militar. En este devenir histórico, las luchas y reivindicaciones campesinas han sido múltiples: desde las rebeliones del peonaje del siglo XIX hasta la expropiación de los grandes latifundios bajo la consigna de “la tierra para quien la trabaja”. Es decir, el movimiento campesino ha sido un actor central en el quehacer político del país, participando activamente en procesos de transformación social que lograron cuestionar y modificar una estructura histórica de dominación de carácter hacendal.
Sin embargo, hoy en día la realidad es otra. El proceso de contrarreforma y la modernización neoliberal han transformado por completo la estructura rural en la que habita el campesinado chileno. Las exportaciones y el carácter extractivista del modelo económico neoliberal han generado una reconversión de las prácticas productivas del campesinado. De una producción de subsistencia basada en chacras, hemos pasado a productores y productoras agrícolas que desarrollan en sus pequeños predios monocultivos, utilizando el paquete tecnológico de agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, impulsado por la política pública a través de INDAP y los distintos fondos estatales. Estas políticas han orientado las estrategias productivas hacia el paradigma de desarrollo económico centrado en un “crecimiento hacia afuera”, enfocado en el PIB bajo el lema de “Chile potencia agroexportadora”(Miranda, 2018). Por otra parte, se observa también una proletarización del campesinado, al incorporarse como temporeros y temporeras en extensas jornadas marcadas por la precarización laboral.
Por lo tanto, estamos frente a un escenario neoliberal de explotación de la tierra y de la fuerza de trabajo, en el que tanto el Estado como el mercado responden a estrategias internacionales de producción global (Herrera et al., 2017). He ahí la conexión de los territorios con la totalidad capitalista, esa que se despliega por cada rincón del mundo con el objetivo de disponer de la fuerza de trabajo y de los elementos de la naturaleza para integrarlos a los circuitos del capital y a los procesos de acumulación. Es decir, la territorialidad rural en la que se desenvuelve el campesinado constituye una expresión concreta de las prácticas globales de la hegemonía capitalista. La presencia de empresas transnacionales en el mundo rural -mineras, agroindustriales, forestales, pesqueras, entre muchas otras- está profundamente vinculada al desarrollo desigual entre el Norte y el Sur global.
En definitiva, este breve artículo busca aproximarse a la realidad del campesinado en Chile, preguntarse por su condición, práctica y existencia como movimiento, e identificar sus posibilidades de construir una alternativa frente a las formas de producción del capital.
Desde Latinoamérica a Chile: Los intentos por construir un movimiento campesino.
Una de las organizaciones Latinoamericana que ha incidido en el debate sobre el movimiento campesino actual ha sido La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), la cual es una plataforma que articula a diversas organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, de trabajadores rurales y otras del mundo agrario, con presencia en todo el continente latinoamericano. Esta organización nace como una necesidad histórica de articular las luchas del campo desde una perspectiva anticapitalista y comprometida con la transformación estructural de la sociedad. En este sentido, se puede decir que ha sido la organización que ha tenido una visión estratégica para dar continuidad al proyecto socialista del siglo XX bajo las nuevas dinámicas globales del mundo actual.
Su fundación fue en el año 1994 en Lima, Perú, desde entonces, ha sostenido un proceso de acumulación política, articulación regional y formación ideológica en la lucha por la soberanía alimentaria, la agroecología, una reforma agraria integral y popular, un feminismo campesino, la defensa de la tierra y los territorios, y contra el modelo neoliberal y extractivista impuesto a los pueblos. En este sentido, la CLOC surge como respuesta directa a la ofensiva neoliberal iniciada en los años 90, caracterizada por la implementación del modelo del agronegocio, los Tratados de Libre Comercio (TLC), las reformas estructurales impuestas por organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, y la criminalización creciente de la protesta social en el campo. En este contexto, los sectores rurales comenzaron a organizarse no solo en resistencia, sino en la construcción de alternativas concretas (CLOC Capítulo Chile, 2019).
Por lo tanto, la CLOC se estructura bajo un principio de unidad en la diversidad, entendiendo que el sujeto del campo es múltiple: campesinos y campesinas, trabajadores y trabajadoras rurales, indígenas, pueblos originarios, pescadores artesanales, entre otros y otras. A todos ellos los une una lucha común: la defensa del territorio, la producción de alimentos sanos, la justicia social, económica y ambiental.
Desde sus inicios, la CLOC ha asumido la formación política como eje estratégico, apostando por la construcción del pensamiento crítico y la acumulación de conciencia desde las bases, con escuelas de formación agroecológica, política y feminista en todo el continente. Su enfoque tiene una clara perspectiva anticapitalista, antipatriarcal y antiimperialista.
Bajo este contexto la CLOC se destaca por adoptar la construcción del socialismo desde el campo, lo que implica una transformación radical de las relaciones sociales, económicas y políticas, guiada por los principios de solidaridad, justicia, y respeto a la naturaleza.
En Chile la CLOC ha estado presente a través de las organizaciones que integran el capítulo Chile de dicha plataforma. Es así como la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI, la Confederación Nacional de Asociaciones Gremiales y Organizaciones de Pequeños Productores Campesinos de Chile CONAPROCH, la Asamblea Nacional Mapuche de Izquierda ANMI, la Red Apícola y la Confederación Nacional Sindical Campesina del Agro y Pueblos Originarios RANQUIL no solo integran a la CLOC capítulo Chile sino que también han contribuido a mantener en pie la construcción de un movimiento campesino que rescate sus luchas históricas y que proponga nuevas reivindicaciones ante un contexto global de crisis climática, ecocidio, despojo y cercamiento de los bienes comunes.
Es decir, dichas organizaciones mantienen un proyecto político de transformación social, que apuesta por una nueva ruralidad donde el campesinado tenga un lugar central en la construcción de sociedades más justas y ecológicas, planteándose como una fuerza política que reconoce la campesinización de la política, es decir, la irrupción del campo como sujeto estratégico en las luchas contra el capital y por el Buen Vivir.
A pesar de los diversos esfuerzos por disputar la hegemonía política de la CLOC, el movimiento campesino en Chile se mantiene fragmentado y con escasa politización en torno a objetivos estratégicos de cambio social. La participación en sindicatos campesinos y/o de temporeros, así como en confederaciones con representatividad nacional, sigue siendo limitada. Sin embargo, es posible constatar que una gran parte de campesinas y campesinos participa activamente en organizaciones comunitarias con capacidad de acción concreta y local, tales como cooperativas, comités, asociaciones de canalistas y comunidades de agua potable rural, entre otras.
Es decir, aunque la representación a nivel nacional sea débil, en las bases y en los territorios existen experiencias de comunalidad y de gestión comunitaria de los bienes comunes (MAT, 2020) que constituyen una base sólida desde la cual proyectar formas organizativas con mayor fuerza política y capacidad propositiva. Estas prácticas, ancladas en lo cotidiano y en lo territorial, pueden sentar las bases para la construcción de un movimiento social campesino robusto en sus reivindicaciones y en la formulación de alternativas al modelo dominante.
Por lo tanto, podemos afirmar que existe una praxis creadora —territorial y colectiva— que aporta significativamente a los proyectos que apuestan por el Ecosocialismo y por estrategias de avance del movimiento social popular en su conjunto.
Territorios campesinos, territorios capitalistas: Hacia la construcción de alternativas.
En el espacio rural hay un territorio campesino y un territorio capitalista (Mançano, 1998). Ambos tienen diferentes proyectos, los campesinos y campesinas giran en torno a la economía de subsistencia y la producción comunitaria, mientras que el territorio capitalista gira en torno a la extracción de elementos naturales y explotación de la mano de obra para la acumulación del capital.
En este sentido, hoy en día existe una hegemonía del capital sobre las prácticas históricas del campesinado, generando una fragmentación social donde hay una separación entre sujeto y objeto, es decir, una fragmentación entre sociedad y naturaleza. Dicha fisura social provoca procesos de enajenación que incluso han afectado a las y los campesinos en su vínculo con los bienes comunes como la tierra, el aire, el agua, las semillas y los bienes naturales en su conjunto.
Por lo tanto, ambos proyectos responden a una matriz de origen de dos paradigmas distintos con prácticas concretas en torno a los valores de uso. Según Marx, el valor de uso es la cualidad que tienen ciertas mercancías para responder a necesidades humanas (Marx, 2014). Por ejemplo, el valor de uso del campesinado gira en torno a producir y consumir productos agrícolas que permiten generar un valor en prácticas comunitarias basadas en la reproducción de la vida y el buen vivir, mientras que el valor de uso del capital es generar mercancías provenientes de la naturaleza para el goce individual y la reproducción del capital. Es así, como vemos que las comunidades campesinas tienen una “concreción de vida” (Echeverría, 1998) distinta a las dinámicas Capitalistas, donde la comunalidad y la gestión comunitaria es parte de la praxis cotidiana.
Sin duda, que la producción del espacio (Lefebvre, 2013) capitalista ha generado una crisis climática, calentamiento global y una expansión del extractivismo, los cuales han generado una serie de problemas y conflictos ambientales que tienen sus repercusiones negativas para las comunidades que habitan los territorios y para los equilibrios ecosistémicos de la naturaleza.
La desertificación de los suelos, la escasez hídrica a causa del acaparamiento del agua, el uso de agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, la contaminación, la privatización de la semilla, la firma de tratados de libre comercio que pasa a llevar la soberanía de los pueblos, entre muchas otras, han sido la causante de someter a una gran parte de la población mundial a las lógicas de intercambio y consumo basados en la explotación del trabajo y la destrucción de la naturaleza. Todas estas dinámicas productivas son parte de la territorialización capitalista presente en el espacio rural donde habita el campesinado, donde grandes corporaciones y empresas en alianza con los Estados Nacionales han intensificado los procesos de explotación de la naturaleza y fuerza de trabajo.
Es decir, la producción del espacio rural ha sido hegemonizada por la lógica del capital, expresada a través del extractivismo. Este se caracteriza por la extracción intensiva y masiva de los denominados “recursos naturales” orientados a la exportación, a costa del deterioro ambiental y del debilitamiento de las economías locales (Gudynas, 2023). Por lo tanto, el extractivismo no se limita a una actividad económica, sino que configura un régimen de apropiación de la naturaleza funcional a los intereses del capital global.
En este proceso, los bienes comunes son concentrados y centralizados bajo lógicas de apropiación privada o estatal-capitalista, desarticulando las formas comunitarias de gestión y reproducción de la vida campesina. Se produce así una fragmentación del mundo rural y un despojo sistemático de campesinos y campesinas respecto a los bienes naturales comunes, así como de sus prácticas productivas, sociales y culturales. En términos prácticos, se trata de una forma contemporánea de acumulación por desposesión (Harvey, 2005), en la que el capital avanza sobre territorios campesinos para transformar la tierra, el agua y el trabajo en mercancías, subordinando la vida rural a los circuitos globales de acumulación.
Hacia la búsqueda de alternativas para el mundo rural.
Bajo este contexto, se puede señalar que existen algunas colectividades en Chile que están buscando alternativas económicas para superar las lógicas destructivas del sistema actual, es decir, promover en el territorio campesino prácticas económicas que busquen la autonomía de los pueblos y el cuidado de la naturaleza.
En este sentido, en las últimas décadas se han levantado organizaciones y movimientos sociales que han trabajado alternativas a lo que se impone en los territorios, estas organizaciones son integradas por colectividades y organizaciones territoriales dispersas por diferentes partes de Chile, una de ellas es el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), el cual no solo ha trabajado temas de visibilizar los conflictos ambientales sino que ha planteado explícitamente construir alternativas al desarrollo actual . Algunas de estas alternativas son en primer lugar la “Soberanía Alimentaria”, la cual es la base de la lucha de los pueblos campesinos e indígenas a nivel mundial y consiste en reivindicar la agricultura campesina e indígena como la vía posible para alimentar a toda la humanidad y a las generaciones futuras. La Soberanía Alimentaria se entiende como un modelo de producción agroecológica, bajo una “Reforma Agraria Integral y Popular” para asegurar la alimentación para toda la humanidad, recuperando el agua y la tierra para el desarrollo de los pueblos y el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza. Es decir, la Soberanía Alimentaria hoy en día es una estrategia política de los pueblos para terminar con el hambre en el mundo y construir sociedades justas y democráticas.
Por otra parte, en el mundo campesino y en los movimientos sociales ha surgido la “Agroecología” como propuesta técnica- política que va más allá de la producción predial y consiste en la producción de alimentos sustentables, aplicando técnicas de biofertilizantes, policultivo, biodiversidad, semillas nativas, bienestar animal, entre otras, generando una producción alimentaria en equilibro con la naturaleza, enfocando la producción en la satisfacción de las necesidades alimentarias saludables de la población y respetando los Derechos de la Naturaleza. Por lo tanto, la agroecología tiene un contenido político de atender las demandas de desprivatización de los bienes comunes como el agua, la semilla y la tierra, por una parte, y la búsqueda de la democratización del consumo y la producción, enfatizando la importancia de la vida comunitaria y la superación del patriarcado en las relaciones de genero al interior de nuestra sociedad (Fundación Chile Sin Ecocidio, 2025).
Otra alternativa productiva dentro del espacio rural son los “Canales Cortos de Comercialización”, propuesta enfocada en generar una producción-distribución-consumo a nivel local, eliminando al máximo los intermediarios en la cadena de comercialización, superando las largas distancias de comercialización generadas por los Tratados de Libre Comercio a nivel internacional (López, 2015).
Por lo tanto, se busca vincular al productor y productora con el consumidor y consumidora, generando una producción y consumo consciente al conocer quien produce, cómo se produce, quién consume y cómo se consume.
Esta propuesta fomenta la soberanía de los pueblos al tener el control de la producción tradicional y local y, por otro lado, el control del valor de los productos. En este sentido, es una forma de disminuir la emisión de los gases de efecto de invernadero que generan los combustibles fósiles en las grandes distancias que recorren los productos cuando son comercializados a nivel global.
Es así como se va fomentando una producción y consumo de carácter comunitario con productos saludables y de respeto con la naturaleza.
Por lo tanto, cuando hablamos de alternativas económicas para el desarrollo rural y la emancipación del campesinado nos referimos a la posibilidad de superar las estructuras actuales del sistema, el cual se basa en la explotación, destrucción y contaminación de la fuerza de trabajo y de la naturaleza. En este sentido, las alternativas aún están en el lugar del proyecto, de la proyección y de la ejecución territorial de prácticas agroecológicas y de soberanía alimentaria en algunos sectores rurales con presencia campesina, es decir, estás practicas aún no se logran conformar como alternativas propiamente tal, sino que giran en torno a las experiencias de carácter embrionario, situadas en territorios fragmentados entre sí y que aún están muy lejos de disputar la hegemonía del actual sistema de producción capitalista. Por lo tanto, en Chile nos encontramos sin un sujeto político campesino que genere estas estrategias más allá de lo local, solo son experiencias aisladas que con posibilidades de disputar las formas de producción y consumo que impone el capital. Bajo este contexto, se hace necesario plantearse las siguientes preguntas en los territorios que desarrollan una lucha campesina y territorial: ¿Son necesarias las alternativas económicas?, ¿Existen alternativas económicas en mi entorno?, ¿Cómo potenciar estás alternativas que ya existen a nivel comunitario?, ¿Tengo la capacidad de organizarme con mi comunidad y buscar alternativas económicas en conjunto?
Bajo estás interrogantes, las nuevas formas de pensar la sociedad y entender la reproducción de la vida desde el campesinado se pueden vincular con el post-extractivismo como una forma de cuestionar la dependencia de la extracción de “recursos naturales” y proponer una nueva matriz productiva que respete los principios de sostenibilidad y justicia social . Estas visiones son una estrategia para romper con el modelo de crecimiento infinito y promover una economía basada en la cooperación, la reciprocidad y la justicia social (Acosta & Brand, 2018).
Las practicas actuales de organizaciones rurales y campesinas que defienden el territorio llevan consigo las propuestas de lo alterno, de nuevas formas de producción de la vida, de ese proyecto implícito de deconstruir la actual economía y construir una nueva racionalidad productiva (Leff, 2019) y, en este sentido, el mundo rural y el campesinado tiene mucho que aportar a los proyectos emancipatorios. Es decir, esta nueva racionalidad productiva debe ser ubicada dentro de un contexto histórico moderno si queremos imaginar una sociedad post-extractivista.
Por lo tanto, se hace indispensable seguir pensando en esa sociedad post-extractivista, esa sociedad basada en preceptos ecológicos, donde exista una democratización de los bienes comunes, una gestión comunitaria y una producción y consumo que no esté centrada en el crecimiento del Producto Interno Bruto sino que en la reproducción de la vida, en los Derechos de la Naturaleza y la consolidación de sociedades igualitarias. Por consiguiente, imaginar una sociedad bajo estas dinámicas implica construir lo alterno, es pensar en las estrategias que las organizaciones políticas y territoriales puedan tomar y en cómo pueden forjar una identidad revolucionaria a partir de estos preceptos.
Pensar el post-extractivismo es cuestionar la dependencia de la extracción de “recursos naturales” o entendidos como “bienes comunes” por parte de los movimientos sociales, especialmente en América Latina. Es decir, es proponer una matriz productiva que respete los principios de sostenibilidad y justicia social (Acosta & Brand, 2018). Para este cometido necesitamos avanzar hacia la recuperación de los bienes naturales comunes para las comunidades y los equilibrios ecosistémicos. Por ende, pensar en los comunes es aprender a vivir en la lógica cooperativa para estimular las instituciones humanas y desarrollar una estructuras y normas sociales comuneras (Bollier, 2016).
Bajo estos preceptos, es posible problematizar las estrategias impulsadas por sectores de la izquierda que abogan por la “nacionalización de los recursos naturales” o el “control de los sectores estratégicos”, propuestas que, si bien buscan disputar el poder económico al capital transnacional, a menudo reproducen lógicas de un extractivismo estatal y que afectan directamente al campesinado, comunidades indígenas y a la naturaleza en su conjunto.
Sin embargo, no se trata de oponer de forma mecánica la soberanía alimentaria al control estatal de los sectores estratégicos, sino más bien de pensar procesos de transición post-extractivista capaces de transformar la racionalidad económica dominante.
En efecto, el control de los sectores productivos resulta fundamental para avanzar en la emancipación y garantizar derechos sociales como salud, educación, vivienda e infraestructura. Pero es necesario cuestionar críticamente la noción misma de “sectores estratégicos”, de crecimiento económico y de los sentidos que adquiere su nacionalización, especialmente cuando esta se plantea como única vía de financiamiento de esos derechos, sin alterar las estructuras que sostienen las tramas del capitalismo.
La pregunta que surge entonces, es si la izquierda chilena está dispuesta a imaginar una nueva valorización de los bienes comunes, el fortalecimiento de las economías territoriales y la construcción de un horizonte Ecosocialista. Dejo abierta esta interrogante como un aporte al debate sobre cómo pensar el devenir de la historia de la humanidad desde otras formas de valor, más allá de la extracción y explotación de recursos, y más cerca de la vida.
A pesar de estas propuestas, interrogantes y dificultades que enfrenta el mundo campesino, existe una base estructural y organizativa que permite proyectar un horizonte político mayor, sustentado en la comunalidad (Harvey, 2013). La práctica campesina se articula en torno a lo común: al control colectivo de las formas de producción, de trabajo y de comercialización. Desde esta experiencia cotidiana, emerge una capacidad concreta del pueblo campesino para reinventarse y resistir, apostando por alternativas como la agroecología y la soberanía alimentaria.
Estas prácticas no solo desafían al extractivismo y al modelo neoliberal dominante en Chile y América Latina, sino que también constituyen propuestas viables para la construcción de territorios de base ecológica. En este sentido, la comunalidad campesina no es solo una forma de organización tradicional, sino que una praxis creadora (Sánchez, 1980) para un proyecto político transformador.
Referencias Bibliográficas
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Saravia, P., & Espinoza, L. (2020). Análisis encuesta productores y productoras de la provincia de Petorca.
Universidad de Playa Ancha, Observatorio de Participación Social y Territorio.
[1] Miembro de Movimiento por el Agua y los Territorios MAT, Fundación Chile sin Ecocidio y maestrado en Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. Artículo elaborado a partir de la tesis posgrado UNAM titulada “Circuitos Cortos de Comercialización de base agroecológica de Petorca, Chile: Dinámicas territoriales desde la producción del espacio”
