Directorio Nacional de la Confederación Nacional de Asociaciones Gremiales y Pequeños Productores Campesinos de Chile – CONAPROCH

Vivimos tiempos de crisis múltiple: económica, ecológica, política y civilizatoria, todas con distintas expresiones, pero la misma raíz. El capitalismo global, lejos de ofrecer soluciones, profundiza sus contradicciones, reorganizando su dominación mediante guerras, autoritarismo y tecnologías de control. Chile, como parte de los países dependientes y laboratorio del neoliberalismo, continúa sometido a la lógica del capital y al modelo consolidado de despojo sobre territorios campesinos, indígenas y rurales en general, precarizando la vida y destruyendo las bases materiales de una posible soberanía alimentaria.

En este contexto de dominación global, el campo ha sido representado muchas veces como un espacio de resistencia natural frente al capital, portador de valores comunitarios y formas de vida más humanas. Sin embargo, estas imágenes, si bien existen reflejadas en la lucha de organizaciones populares e indígenas, y son útiles para construir horizonte político, deben ser problematizadas críticamente. Idealizar la ruralidad, que por lo demás en Chile se tiende a definir en negación, es decir, es rural todo lo que no es urbano, puede oscurecer tanto las contradicciones que atraviesan los territorios campesinos e indígenas como las experiencias de lucha que también se gestan en lo urbano. Es necesario entonces desmontar ciertas nociones románticas que circulan en discursos progresistas e incluso críticos, para poder comprender el campo no como un “afuera” del capitalismo, sino como un lugar atravesado por sus tensiones y disputas.
Si bien en el mundo rural persisten prácticas de cooperación y vida comunitaria, surgen como respuestas históricas a contextos de exclusión o de permanencia histórica, al igual que en espacios urbanos populares. Atribuir al campo un carácter esencialmente solidario es olvidar que incluso la tierra más fértil necesita condiciones para dar fruto. Aunque se puedan identificar prácticas de este tipo, invisibiliza tanto las experiencias urbanas como las múltiples contradicciones que habitan lo rural. De igual modo, la idea de que las transformaciones agrarias durante los años 50 y 60 en Chile fueron producto exclusivo de la organización campesina, como se puede leer en más de algún texto o panfleto, omite el rol del contexto internacional y de las estrategias estatales e internacionales para controlar el cambio¹. Si bien fueron avances para las clases populares del campo, las reformas se desarrollaron dentro de los márgenes permitidos por el capitalismo.

Lejos de una transición clara del latifundio feudal al capitalismo, se vivió una mutación interna del capital en el campo, desde formas hacendales hacia un neoliberalismo basado en la propiedad individual, la tecnificación y la subordinación extendida a los mercados globales. Durante el siglo XX hubo transformaciones en la ruralidad, siempre dentro de márgenes capitalistas, eso es lo importante. En este sentido, lo rural no es un refugio del capitalismo, sino un espacio históricamente modelado por él y, a la vez, un territorio en disputa donde conviven formas de superexplotación de la naturaleza, dependencia, vida campesina y resistencias.

Reconocer esta complejidad permite escapar de las dicotomías simplistas y tecnocráticas entre lo urbano y lo rural, y observar con mayor agudeza las relaciones sociales que, desde distintos lugares, buscan sostener la vida más allá del capital. Reconocer esto no implica desconocer las particularidades del campo, donde efectivamente el capitalismo opera con dinámicas propias que vale la pena analizar.

Afirmaciones como “hay que ruralizar la ciudad” deben ser analizadas críticamente, pues si bien buscan recuperar formas de vida más comunitarias y colectivas, pueden sostener supuestos problemáticos y desviar el foco sobre el enemigo político: el capitalismo. En primer lugar, refuerzan una separación esencialista entre lo urbano y lo rural, como si fueran categorías naturales y permanentes, cuando en realidad son construcciones históricas utilizadas para organizar el territorio según las necesidades del capital. En segundo lugar, suponen que los llamados “valores rurales”, como la solidaridad o el arraigo, no han sido permeados por el capitalismo, lo que resulta difícil de sostener dada la penetración de la lógica mercantil en el campo. En tercer lugar, aleja la posibilidad de encuentro político entre organizaciones populares del campo y la ciudad. Finalmente, invisibiliza que esos mismos valores también emergen en contextos urbanos populares, donde existen abundantes experiencias de colectivismo, apoyo mutuo y organización comunitaria frente a la precarización de la vida.

Sostenemos que la respuesta y la resistencia popular emergen históricamente, con distintas formas y ritmos, en contextos de crisis estructural, más allá del territorio específico en que ocurran. Ya sea en una comunidad rural desplazada por un proyecto de la burguesía transnacional o en una población urbana precarizada por el desempleo y la especulación inmobiliaria, aflora una fuerza colectiva de clase que hunde sus raíces en el humanismo popular: ese conjunto de experiencias, emociones y prácticas colectivas que se activan para sostener la vida cuando el mercado y el Estado abandonan. Es en esos momentos donde se reconfiguran redes de solidaridad, se reinventan formas de organización y se produce sentido popular, marcando un límite ético y material a la deshumanización capitalista. Por eso, más que territorializar valores, lo importante es reconocer estas capacidades como patrimonio político de las clases subalternas, capaces de brotar allí donde las condiciones materiales lo permitan y donde la necesidad se transforme en acción colectiva. Como las semillas en el suelo, estos valores no pertenecen al lugar, sino a quienes los cultivan con lucha y organización donde la vida lo exige.

Contradicciones de campesinado y capitalismo

En el mundo rural, el capitalismo adquiere matices particulares que lo distinguen del ámbito urbano. El proceso de proletarización, por ejemplo, tiende a ser más incompleto: muchas familias campesinas conservan medios propios de producción, como tierra, herramientas o saberes heredados, que les permiten mantener ciertos grados de autonomía en la producción y el consumo. Esto no implica una desconexión total del mercado, pero sí una relación más híbrida. Además, en muchos territorios rurales persisten lógicas que conviven con el salario individualizado, expresando una racionalidad económica que no se ajusta por completo a las dinámicas de acumulación capitalista.

Ahora bien, resulta problemático hablar de un “territorio campesino” como si se tratara de un espacio libre de capitalismo o completamente opuesto a él. Esa afirmación entra en contradicción con el reconocimiento, por ejemplo, del impacto de los paquetes tecnológicos, la lógica de mercado impuesta por instituciones como INDAP, la orientación de buena parte de la producción campesina hacia circuitos capitalistas o, en último caso, que la agricultura de subsistencia no alcanza para una familia, lo que lleva a los y las campesinas a asalariarse, temporal o permanentemente, para complementar su subsistencia. Si bien existe una fracción de campesinos que practica agricultura de subsistencia (Agricultura Familiar e Indígena), no se puede asumir como norma que estos territorios estén guiados por una racionalidad orientada al buen vivir o al respeto intrínseco por la naturaleza. Sostener lo anterior sería ignorar cómo el capitalismo penetra no solo las formas productivas, sino también las subjetividades y los proyectos de vida. Lo que sí puede afirmarse, y ahí radica su potencia política, es que, pese a estar profundamente insertos en un sistema capitalista, muchos campesinos preservan prácticas y racionalidades que entran en contradicción con esa lógica, sobre todo cuando logran articularlas con ideales políticos de izquierda.

Lejos de aferrarse a una imagen esencializada del campesino o imaginar un campo inmune al capitalismo, lo que resulta urgente es rescatar y fortalecer las herramientas que la clase popular, urbana y rural, ha forjado para sostener la vida bajo condiciones de despojo. Se trata de valores como la solidaridad o la cooperación, y también de su capacidad de autogestión, su fuerza colectiva y su creatividad política. De nuevo, estas herramientas no reconocen fronteras político-administrativas, sino que emergen en los márgenes, desde la precariedad, frente a los mismos patrones de opresión.

Dependencia estructural y despojo en la ruralidad chilena

Para comprender en profundidad cómo operan estas tensiones entre capital y vida campesina, no basta con analizar las lógicas simbólicas o culturales, es necesario mirar de frente las condiciones materiales que configuran el campesinado en el Chile actual. La estructura productiva, la concentración territorial, el diseño de políticas públicas y los patrones de exclusión revelan una ruralidad subordinada, funcional al capital transnacional. A continuación, presentamos algunos elementos claves que permiten visibilizar esta configuración estructural y las disputas actuales por el territorio, la soberanía alimentaria y el rol político del campesinado.

Estructura productiva y concentración territorial

El campo chileno está marcado por una estructura agraria profundamente desigual. Aunque el 87% de los predios tiene menos de 50 hectáreas, solo concentran el 11% de la superficie agrícola útil, mientras que un reducido 1,1% de las propiedades controla el 89% restante. Esta concentración no solo se expresa en la tierra, sino también en el agua: el 1% de los titulares de derechos de aprovechamiento concentra el 79% del volumen total. A ello se suma un uso del suelo que despoja a la agricultura campesina: solo el 4% del territorio nacional se destina a cultivos, en contraste con la expansión del monocultivo forestal y megaproyectos energéticos. La baja mecanización de los predios menores a 20 hectáreas (solo un 13% cuenta con maquinaria agrícola) refleja el abandono productivo de la agricultura familiar, relegada a condiciones de subsistencia, con limitada inversión estatal y nulo apoyo estructural para su viabilidad a largo plazo.

Condiciones sociales, exclusión estructural y subordinación laboral

Estas desigualdades materiales se profundizan y expresan en lo social: menos del 40% de las unidades campesinas accede a asesoría técnica, lo que refuerza una brecha tecnológica que perpetúa la dependencia productiva y el rezago en tecnología. La crisis del campo es también demográfica y laboral: la población rural envejece y se feminiza, en un contexto de precariedad, informalidad y falta de garantías laborales para quienes trabajan en la tierra. La dependencia estructural se expresa, además, en la debilidad del sistema financiero rural: los pequeños agricultores no tienen acceso real al crédito, seguros, ni asistencia técnica efectiva. A esto se suma la creciente importación de alimentos básicos como trigo, maíz, legumbres y carne, lo que pone en evidencia lo lejano de la soberanía alimentaria y la subordinación del modelo agrícola chileno a los intereses del comercio internacional y la gran agroindustria.

Conflicto territorial, agencia colectiva y horizonte político campesino

Sin embargo, frente a este escenario de concentración, subordinación y exclusión, el campesinado no ha desaparecido, siendo fundamental luchar contra el discurso oficial y de la burguesía que nos dice que “el campo esta deshabitado”, “ya nadie trabaja la tierra”, etc. Por el contrario, se organiza y resiste: existen más de 1.305 organizaciones campesinas activas en Chile, que agrupan a más de 117.000 personas. Estas organizaciones enfrentan un entorno hostil, marcado por conflictos territoriales, acaparamiento de recursos, contaminación y desplazamientos provocados por empresas forestales, salmoneras, inmobiliarias y megaproyectos energéticos. En este marco, la defensa del territorio, el derecho al agua, la tierra y la autodeterminación productiva se convierten en banderas de lucha fundamentales. El problema no es la “falta de productividad” del campo, sino la configuración estructural de un modelo que niega al campesinado como sujeto político, económico y cultural.

Políticas públicas de sometimiento territorial

En relación a las políticas públicas que influyen en la ruralidad, el campesinado y se encuentran vigentes en Chile, como la Política Nacional de Desarrollo Rural (2020), la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (2021) o la Política Nacional de Zonas Rezagadas (2023), perpetúan una estructura de dependencia económica al privilegiar la competitividad territorial, la atracción de inversión extranjera y la integración subordinada en cadenas globales de valor. A través de marcos normativos que favorecen la rentabilidad y la lógica exportadora por sobre el bienestar local, estas políticas refuerzan el control del capital sobre el territorio, reduciendo al Estado a un rol organizador de condiciones para la reproducción del capital y fragmenta al campesinado mediante subsidios individualizantes. En vez de fomentar autonomía territorial, estas medidas desarticulan las economías campesinas, subordinan las prácticas rurales tradicionales a los estándares del mercado global, y el campesino deja de ser campesino y se transforma en un emprendedor o agricultor funcional al capital. La retórica de equidad, sustentabilidad o participación se sostiene en formulaciones abstractas, sin mecanismos reales de implementación ni redistribución, operando como dispositivos legitimadores de un modelo que refuerza el despojo territorial y la concentración de la tierra.

Estas políticas convierten a las regiones rurales en espacios disponibles para la extracción de valor, ya sea mediante el monocultivo forestal, la agroindustria, el turismo o las energías renovables, entre otras prácticas. Esta orientación instrumentaliza el territorio y sus habitantes, subordinando las decisiones locales a la lógica de la acumulación externa. La participación promovida es meramente consultiva, la descentralización se traduce en competencia desigual entre territorios, y la sostenibilidad o sustentabilidad se reduce a un eslogan vacío replicado en las políticas y leyes, sin contenido.

Por un proyecto popular y transformador

No se trata de volver al pasado ni de custodiar esencias idealizadas, sino de reconocer que la ruralidad es hoy un campo de disputa de clases, donde chocan las fuerzas del capital con formas de vida campesina, organización popular y defensa del territorio. Comprender esta disputa exige abandonar lecturas romantizadas y enfrentar las contradicciones concretas, las expuestas y otras, que atraviesan a quienes trabajan la tierra, muchas veces atrapados entre la subsistencia, el mercado y la resistencia.

Lo que está en juego no es solo el futuro del campo, sino el horizonte de un proyecto emancipador más amplio. La tarea es avanzar hacia una transformación estructural que recupere lo colectivo y común, se sostenga en el poder y ponga en el centro la soberanía alimentaria como base de una vida digna de la sociedad en su conjunto. Frente a la ofensiva del capital y del fascismo, necesitamos volver a pensar en una reforma agraria, no como nostalgia, sino como primer paso político para reconstruir el mundo desde abajo. Muchos de este lado político dirán que no están las condiciones para ello y efectivamente es así, pero es nuestro deber posicionarlo como una alternativa política y construir las condiciones materiales y subjetivas para que sea posible. Pero cuidado: es apenas el primer paso de un camino largo.

Referencias

La Alianza para el Progreso fue una iniciativa económica y social de EE.UU. para contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana en Latinoamérica