Nico Castañeda
No por casualidad se ha señalado que Marx permaneció fiel a su origen judío al transferir la imagen del pueblo elegido al proletariado mundial, y el pacto de Abraham con Dios, a la fatalidad de las leyes económicas.
Spartakus, Simbología de una Revuelta. Furio Jesi
El valor proviene exclusivamente del trabajo humano. Afirmar esto conlleva a su vez una serie de otras afirmaciones. Esto, a su vez, significa que quien crea la riqueza es el trabajador, quien a través de su labor y manufactura crea el valor en esta forma histórica de producción. Al establecer una distinción entre la producción de valor real —derivada del trabajo material tangible— y la generación de plusvalía ficticia propia del capitalismo financiero/bursátil, surge el desafío de identificar al sujeto revolucionario contemporáneo. Este dilema, de naturaleza eminentemente práctica, demanda un giro metodológico: el sujeto no puede ser una construcción de la voluntad o la ideología, sino que debe emanar rigurosamente de sus condiciones materiales de existencia.
La pregunta fundamental no radica en quienes tienen el deseo de hacer la revolución, sino en quienes tienen la posibilidad objetiva de realizar la revolución. Bajo esta premisa, el sujeto revolucionario está integrado por los productores directos de bienes materiales: aquellos trabajadores de actividades extractivistas de recursos naturales, obreros de manufacturas esenciales que garantizan los circuitos productivos del valor y generan la plusvalía real; aquella que constituye valor genuino y no meras fluctuaciones del mercado financiero.
En otros términos, el núcleo del sujeto revolucionario lo constituirían la clase obrera industrial y manufacturera, junto a los trabajadores directamente vinculados a los procesos productivos. A partir de este centro, se despliegan círculos concéntricos de aliados: sectores de trabajadores de servicios de diferente índole, diversos segmentos oprimidos de la sociedad, funcionarios y profesionales, configurando un movimiento popular.
Pero este planteamiento de orden lógico dentro de la crítica de la economía política entra en una grave contradicción con el desarrollo histórico de los movimientos revolucionarios. Pese a las expectativas, la clase obrera no ha logrado constituirse por sí sola en la fuerza social definitiva para la liberación humana. Si bien su explotación bajo el capital es un hecho histórico y objetivo irrefutable, su supuesta esencia revolucionaria universal nunca halló un fundamento sólido ni una confirmación en la praxis. Aunque las revoluciones del siglo XX se legitimaron en su nombre y contaron con su respaldo, en ningún caso fue esta clase, como sujeto autónomo, la que ejerció la dirección efectiva de dichos procesos
La historia reciente ofrece pruebas contundentes de que la clase obrera, poseyendo la capacidad objetiva de ruptura, no quiso la salida revolucionaria. Desde la Europa de la posguerra hasta el Mayo francés de 1968, se observa una constante que alcanzó un punto crítico en nuestra propia experiencia nacional: durante la Unidad Popular, los mineros del cobre —productores directos de la plusvalía que sostenía la economía chilena— priorizaron reivindicaciones economicistas. En la práctica, estas demandas sectoriales terminaron favoreciendo la estrategia golpista de la derecha y al imperialismo. Situación que durante estos años dentro de los trabajadores mineros no ha cambiado mucho, lo que ha perpetuado su situación de “aristocracia obrera”.
Desde hace décadas, el capitalismo enfrenta una incapacidad estructural para recuperar sus tasas históricas de ganancia. Esta desaceleración no responde a una gestión política fallida, sino a las contradicciones inherentes a la acumulación capitalista: el sistema tiene dificultades crecientes para valorizar el capital en un mercado donde el poder de compra social es crónicamente insuficiente. Dentro de la inserción de Chile en la división internacional del trabajo, la decisión de la burguesía no es solo un cálculo interno, sino que responde a la posición de Chile como economía dependiente. En el mercado global, Chile cumple el rol de proveedor de materias primas con escaso procesamiento. Al obtener rentas extraordinarias por la explotación de recursos naturales (cobre, litio, madera), el capital local no siente la presión competitiva de innovar tecnológicamente. El país se especializa en sectores que no requieren una fuerza de trabajo altamente especializada, lo que refuerza el círculo vicioso de la baja productividad.
Esta lógica de maximización de utilidades en el menor tiempo posible, una decisión perfectamente coherente con la estructura económica consolidada en Chile durante los últimos cincuenta años, ha operado con niveles de productividad muy bajos. Esto genera un dilema dentro de la clase capitalista chilena: elevar la competencia laboral exigiría inversiones masivas en educación, salud y vivienda. Aunque esto beneficiaría a toda la sociedad a largo plazo, los retornos para el capital tardarían décadas en materializarse. Ante esto, los capitalistas optan por un modelo de extracción de plusvalía absoluta que requiere mano de obra de bajo valor agregado, antes que la modernización de la productividad (plusvalía relativa). Esto no solo asegura ganancias inmediatas mediante el extractivismo y los servicios de gran volumen, sino que garantiza una masa laboral más dócil y fácil de gestionar, debido a la alta explotación y endeudamiento de las clases trabajadoras. El endeudamiento masivo actúa como un mecanismo de control social invisible. Un trabajador altamente endeudado tiene un umbral de tolerancia mayor al abuso laboral y una menor disposición a la huelga o la protesta, por temor a perder su fuente de ingresos y caer en la insolvencia. La clase capitalista no solo gana en la extracción de recursos, sino también a través del sector financiero (bancos y retail), capturando una parte del salario del trabajador mediante los intereses.
Las luchas predominantes (disturbios o huelgas) de cada momento histórico dependen de si el capital se encuentra en una fase de expansión productiva o de crisis de circulación. Se puede inferir, como Joshua Clover lo designa, al disturbio como una lucha en la esfera de la circulación (el mercado), mientras que la huelga pertenece a la esfera de la producción (la fábrica). El protagonista del disturbio moderno no es el obrero industrial, sino la «población excedente» que ha sido expulsada o excluida del mercado laboral formal. Debido a la caída de la tasa de ganancia, el Estado ya no puede satisfacer las demandas de «salario social» o mejoras salariales directas como lo hacía antes o incluso de seguridades mínimas sociales (como la salud, vivienda o educación).
El disturbio moderno está ligado al control del espacio: centros comerciales, plazas, calles y, sobre todo, nudos logísticos, fundamentalmente estos últimos. Estos son puntos importantes y cruciales dentro de la circulación de las mercancías. Esto quedó evidenciado durante la revuelta de octubre del 2019, en la cual el bloqueo de calles y disturbios generalizados en las ciudades derivaron en una paralización del ciclo de mercancía mucho más efectiva que las huelgas generales convocadas durante la primera semana de revuelta.
Pero a pesar de esto, hay que recalcar la contradicción expuesta aquí: quienes pueden hacer la revolución usualmente no la harán y quienes tienen el deseo, la experiencia histórica ha demostrado que son quienes sí realizan estos procesos de cambios estructurales dentro de la sociedad. Más aún, en el análisis de la estructura productiva nacional y su composición de clases, vemos amplias capas populares precarizadas trabajando informalmente, o en trabajos precarizados o en sectores improductivos del capital, mientras que una capa minoritaria, que es crucial dentro de la infraestructura económica nacional, de la cual el sector minero ha sido privilegiado, está alejada de la situación material del resto de su clase.
El enfoque extractivista genera conflictos socioambientales que, inevitablemente, terminan por radicalizar a las comunidades y detonar conflictos sociales de gran magnitud que el propio sistema no alcanza a procesar. El daño ambiental es, en realidad, un costo que la empresa no paga y que transfiere a las comunidades y al ecosistema. Esto permite que el «modelo de negocios» sea rentable en el papel, aunque sea ruinoso para el territorio a largo plazo. Desde la década de 1990 se profundizó un modelo de desarrollo basado en concesiones mineras, infraestructura y, fundamentalmente, la expansión de la industria forestal. La expansión forestal no ha reducido el desempleo ni aumentado los ingresos. Por el contrario, está vinculada al aumento de la pobreza y la desigualdad de ingresos en las comunas donde se instala. Esto hace que gran parte de las comunidades rurales que viven en las cercanías de las forestales se pauperice, llegando a la proletarización rural de estas, teniendo como salida trabajar en las mismas forestales. Sumado esto, mientras la industria forestal ocupa cerca de 3 millones de hectáreas, las comunidades mapuches poseen apenas el 16,6% de esa superficie, junto a la devastación y desertificación del territorio que producen los monocultivos crea un conflicto político y territorial derivado de un modelo económico (neoliberal/extractivista) que ha priorizado el crecimiento de la industria forestal sobre los derechos territoriales y la autonomía del pueblo Mapuche, utilizando al Estado como garante económico y represivo de este sistema. Esto agudiza el conflicto entre comunidades mapuche y forestales, lo que trae una militarización generalizada en el territorio para asegurar las condiciones mínimas para el funcionamiento de las forestales. Aunque este esquema es funcional para la acumulación de capital, enfrenta tensiones insostenibles.
Desde el sector agroindustrial, el panorama no es muy diferente: trabajo precarizado, como el de los temporeros, muchos de los cuales son migrantes sin su situación legal al día, gente que por diversos motivos por su precarización en su modo de vida no pudo seguir estudiando, y como se ha mencionado, proletarizados de la ruralidad. El modelo agroindustrial ha perfeccionado mecanismos para evitar la organización de los trabajadores: la figura del contratista, que actúa como un intermediario que diluye la responsabilidad legal de la gran empresa exportadora. El trabajador no tiene un vínculo con el dueño del predio, sino con un tercero que muchas veces opera en la informalidad. Por otro lado, con la “estacionalidad”, al ser trabajos de pocos meses, se impide la creación de lazos estables y la formación de sindicatos fuertes. La movilidad constante de los trabajadores (muchos viajan de norte a sur siguiendo las cosechas) dificulta la resistencia colectiva.
Muchos trabajadores agroindustriales viven en comunas con decretos de escasez hídrica (como Petorca o zonas de la Región de O’Higgins). Se da la situación perversa en la que el trabajador pasa el día regando plantaciones de paltos o viñedos que consumen miles de litros por segundo, para luego volver a una casa donde el agua llega en camiones aljibe y está racionada para el consumo humano básico. Esto podría denominarse como la “proletarización del agua”.
El trabajador migrante (principalmente haitiano, boliviano y venezolano en los últimos años) ha pasado a ser el nuevo estrato más bajo de esta jerarquía. El capitalista agrario utiliza la vulnerabilidad administrativa (falta de papeles) para imponer salarios por debajo del mínimo legal o condiciones de vivienda infrahumanas (hacinamiento en predios). Esto no solo reduce costos, sino que también se utiliza políticamente para generar una falsa competencia entre trabajadores locales y extranjeros, desviando la atención del verdadero conflicto: la acumulación del empresariado agroexportador.
En contextos socioeconómicos como el de Chile, un territorio extractivista, la infraestructura crítica para la generación del valor, sectores como el agro, son fundamentales, para la circulación del capital, pero también, una reapropiación de este tipo de recursos como clases populares, significaría el primer paso a la autonomía y soberanía alimentaria.
El desafío contemporáneo es la articulación de círculos concéntricos: unir al núcleo productor (que tiene el poder material) con la población excedente y las comunidades territoriales (que tienen el impulso de ruptura). Mientras esa síntesis no ocurra, el capital seguirá gestionando sus tensiones mediante la deuda, la precarización y, cuando sea necesario, el fusil. Que la clase obrera sea la base revolucionaria y social imprescindible del anticapitalismo no nos exime de replantear su papel como sujeto transformador de la sociedad. Debemos insistir: el problema central no es el voluntarismo, sino la capacidad material de acción. No obstante, nos topamos con una realidad incómoda: el desencuentro entre el poder y el querer. Con frecuencia, quienes sostienen el sistema productivo han preferido la seguridad de las conquistas económicas inmediatas antes que el riesgo de la transformación revolucionaria, conformándose con gestionar su explotación en lugar de abolirla.
La categoría de sujeto revolucionario es, ante todo, una construcción teórica que remite a una potencia, no a una realidad empírica inmediata. No es una entidad preconfigurada ni un dogma que ‘descienda de los cielos’ para ser aplicado mecánicamente. Por el contrario, el sujeto revolucionario carece de existencia automática como actor consciente; su naturaleza no es una herencia sociológica, sino una tarea de constitución política.
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