Fundación Rukawe [i]

Nadie pone en duda que el problema de la seguridad se ha tomado la pauta. Incluso, lo más posible es que este sea un punto definitorio en las próximas elecciones presidenciales, al igual como lo fue en las municipales. Sin embargo, lo que se habla respecto a ella está circunscrito exclusivamente a la “nota roja”, al robo doméstico, a portonazos, turbazos, lanzazos, y otros. De la delincuencia del partido del orden, no se habla.

Poca atención se presta a cualquier otro aspecto de seguridad. Yendo más allá, figuras como el gobernador de Santiago Claudio Orrego (independiente sin militancia, ex DC) y el alcalde de Maipú Tomas Vodanovic (FA), exigen extender el Estado de Excepción a todas las comunas del Gran Santiago, con la posibilidad inclusive de “apoyo militar”.

Al parecer, recurrir al populismo judicial a través de la profundización de un Estado Policial como respuesta a la agenda de seguridad, es una conducta transversal a todo el espectro político: desde la coalición de gobierno (FA-PC) hasta el Partido Social Cristiano el discurso es el mismo.

En consonancia con la misma amplitud de respaldo, se legislan: 1) leyes que facultan mayor uso de violencia por parte de las policías, como la Ley “Gatillo Fácil”y el nuevo Reglamento de Uso de Fuerza (RUF) que se encuentra en discusión); 2) leyes como la “Anti-toma” que castigan a quien no tiene acceso a la vivienda, asignando duras penas de cárcel y endurecimiento de las mismas, acompañadas de nuevas facultades a policías y agentes de seguridad para intervenir la privacidad de las personas; si lo anterior no fuera suficiente, el castigo a la insolencia de quien se toma la tierra, esta batería legal contempla la prohibición de postular a programas de subsidio y mejoramiento de la calidad de vivienda.

Esta arremetida violenta del Estado de Chile (desdén de la política) -en detrimento del diálogo para la búsqueda de soluciones (la política)- se ha naturalizado a tal punto, que pareciera ser un consenso que “la acción directa” no se puede permitir, pues vulnera las bases del Estado de Derecho, premia a “los frescos que quieren todo gratis”, y estimula “la sirvengüenzura de unos pocos”.

Así, la respuesta más obvia es el desalojo -con una parafernalia espectacular de policías, carros y cámaras- de miles familias que emplazaron su vivienda en tomas de terreno y campamentos. La Toma Mauricio Fredes en Colina, la Toma 17 de Mayo en Cerro Navia, la toma del Cerro La Jarilla en Viña del Mar, y las constantes intentonas fracasadas para desalojar los mega-campamentos de San Antonio, son una muestra de la criminalización de las y los sin casa.

Aún están frescos en la memoria y la retina de muchos, el brutal desalojo de 180 personas de la Toma “17 de Mayo” de Cerro Navia. Ese 16 de mayo de 2024 en la madrugada, las bajas temperaturas a las que fueron expuestos personas mayores y NNA, no fueron argumento para acabar con los sueños de una comunidad asentada en un pedazo de tierra tomada, recuperada, transformada con lucha y organización. Si este accionar de agentes del Estado no constituye una flagrante violación a los Derechos Humanos de grupos vulnerables, en abierta violación de los tratados internacionales que Chile se compromete a cumplir, no sabemos que lo es.

Sin más, el gobierno autoproclamado “feminista y defensor de los DD.HH.” poco dice sobre el primer territorio en que las mujeres se ven violentadas: el hogar. ¿Cómo una mujer (y su familia) pueden salir de la casa de un hombre maltratador, o simplemente acabar una relación en la cual hay dependencia económica, si es que no hay derecho a un techo?

Hoy, tenemos muchas preguntas y pocas respuestas: ¿Cómo no se va a profundizar la crisis de los cuidados si el lugar en que estos se proporcionan no es una vivienda digna, libre de déficit, hacinamiento y allegamiento?; ¿qué pasa con las infancias que viven en las tomas que violentamente desalojan las policías?; ¿qué hacemos con los enfermos, con las personas mayores de la cuarta edad?; ¿es la propiedad privada del suelo más importante que la subsistencia de miles de familias?

Y es que el hogar es nuestro territorio inicial, donde debemos sentir seguridad y resguardo desde la más temprana infancia hasta nuestro jubileo y partida de esta tierra.

En el Chile neoliberal, y en poco más de 15 años y en términos de la vivienda, pasamos de ser un “país de propietarios” a uno de “arrendatarios crónicos”, con allegamiento y frecuente hacinamiento, lo que configura un escenario de Emergencia Habitacional. Millones de familias tienen que vivir con la inseguridad, la angustia de no poder pagar el arriendo, de exponerse a desalojos por la fuerza, a mantenerse en convivencia por no tener más alternativa: “si dejo al violento de mi esposo ¿A dónde me voy?”.

El paradigma de la vivienda digna y propia como un bien de consumo y no un derecho social, ya no se sostiene. Recurrir a los mismos enfoques metodológicos, y a soluciones fracasadas (entre ellas el Plan de Emergencia Habitacional y los programas bajo su alero), redunda en un tácito acuerdo entre la academia, la sociedad civil y el gobierno: mientras más se centra el análisis en el populismo penal, más banales e incoherentes son las respuestas.

La invitación es sencilla:

a quienes trabajamos por el derecho a la vivienda:  incluir el hogar, el techo, como primera instancia de resguardo y seguridad;

al Estado y sus expresiones sectoriales, regionales y locales: garantizarlo siempre;

al Pueblo trabajador, exigirlo y luchar por él;

a las organizaciones políticas: denunciar a quienes no quieren una vida mejor para las mayorías.