El MAPU Lautaro entre el movimiento y el aparato en la historia reciente de Chile (1982–2003)

Miren Larramendi

Aprendizajes de una derrota: el aparato, la sustitución, el machismo y el costo de la violencia

El primer aprendizaje concierne al aparatismo, no como desviación atribuible a otros, sino como tendencia estructural. La experiencia lautarina muestra que una organización puede condenar el verticalismo en su doctrina y reproducirlo en su funcionamiento. Las organizaciones tienden a adoptar la forma de las tareas que concentran su energía: cuando la mayor parte del esfuerzo se destina a reproducir la estructura, la estructura termina por convertirse en el proyecto.

El segundo aprendizaje se refiere a la sustitución. Ninguna vanguardia puede producir en nombre de los sectores populares aquello que solo existe cuando esos sectores lo producen por sí mismos. Concebir a las comunidades como “cantera de reclutamiento” es la forma más rápida de perder la inserción que justificaba a la organización.

El tercer aprendizaje tiene que ver con el machismo. La incorporación de mujeres a tareas clandestinas y político-militares implicó una ruptura efectiva con roles socialmente establecidos, pero esa ruptura coexistió con desigualdades dentro de la comunidad militante. Acevedo Arriaza (2025b) lo mostró a partir de la memoria de Marcela Rodríguez: la prensa criminalizó y espectacularizó a las militantes mediante la figura de la “Mujer Metralleta”, la organización se reapropió de la imagen de la mujer combatiente y las memorias posteriores evidencian conflictos de género que el discurso militante de la época no problematizó. Las organizaciones de la izquierda chilena reprodujeron las jerarquías de género de la sociedad en la distribución de tareas, en el acceso a la conducción y en la valoración de la experiencia militante (Vidaurrázaga Aránguiz, 2006). El propio lenguaje lautarino de la aventura y el combate, construido en buena medida sobre figuras de la masculinidad juvenil popular, obliga a preguntarse qué lugares habilitó y cuáles restringió para las mujeres.

El último aprendizaje obliga a considerar el costo de la violencia, incluido el que recayó sobre terceros. No se trata de adoptar el lenguaje criminalizador del expediente, sino de reconocer que una memoria que registra únicamente la violencia padecida carece de capacidad explicativa.

1990–2026: juventud popular, deuda y territorio después de una doble derrota

Si la singularidad del lautarismo residió en producir conceptos propios frente a problemas específicos del Chile de la dictadura y el neoliberalismo, la pregunta que su experiencia deja abierta no es cómo repetir aquellas respuestas, sino cómo producir hoy respuestas propias frente a problemas nuevos. Esta parte del artículo se dirige de manera explícita a la militancia y a la cultura lautarina, así como al campo más amplio de la cultura socialista revolucionaria chilena. Su pregunta es doble: qué puede significar esta experiencia para una juventud popular que no conoció la Unidad Popular, ni la dictadura, ni el ciclo de protestas de los años ochenta, pero que habita las consecuencias de todos ellos; y qué condiciones exige hoy una rearticulación de ese campo político.

La juventud popular contemporánea es hija de una doble derrota. La primera, en 1973, clausuró un proyecto de transformación socialista; la segunda, durante la transición, desarticuló buena parte del tejido organizativo que las poblaciones habían construido bajo dictadura. Lo que vino después no fue solamente la continuidad de un modelo económico, sino su maduración como forma de vida. Moulian (1997) advirtió tempranamente que el consumo y el crédito se convertían en mecanismos de integración y disciplinamiento, mientras Araujo y Martuccelli (2012) mostraron cómo los individuos de la sociedad chilena enfrentan en soledad desafíos de carácter estructural. Cavallero y Gago (2019) permiten precisar este problema: la deuda opera como un dispositivo que individualiza el malestar, captura el tiempo futuro y obliga a aceptar cualquier condición presente para seguir pagando. En Chile, el endeudamiento educacional y de consumo ha producido una generación popular endeudada antes incluso de estabilizarse en el trabajo, que difícilmente percibe ese orden como algo construido, porque nunca conoció otro.

A ello se suma una transformación del territorio. La población que en los ochenta funcionaba simultáneamente como lugar de residencia, sociabilidad, protesta y organización se ha vuelto, para muchos jóvenes, un espacio de tránsito: se duerme en ella, pero se estudia, se trabaja y se vive la vida social en otra parte o frente a una pantalla. Las largas distancias de la segregación urbana, el trabajo precario de las plataformas, el repliegue de las organizaciones vecinales y la ocupación de espacios comunes por economías ilegales han debilitado la identidad territorial que hizo posible, entre otras experiencias, la del Movimiento Juvenil Lautaro. Gago (2014) advierte, sin embargo, contra una lectura que conciba a los sectores populares como simples víctimas pasivas: el neoliberalismo se reproduce también desde abajo, en economías populares, cálculos de supervivencia y formas de autoorganización que, aunque atravesadas por la lógica del mercado, contienen saberes prácticos y redes que pueden convertirse en punto de partida organizativo.

La crítica a las pantallas tampoco puede quedarse en la lamentación. Leída desde las propias categorías lautarinas, la pantalla cumple hoy una función análoga a la que cumplía el consumo en los años ochenta: es el terreno donde el neoliberalismo produce subjetividad, organiza el deseo, define el éxito y administra el aislamiento. Segato (2018) describe una pedagogía de la crueldad que, mediante la exhibición repetida de la violencia y la cosificación de los cuerpos, reduce la empatía y acostumbra a la indiferencia; frente a ella propone contrapedagogías fundadas en el vínculo, el arraigo y la comunidad. La Toma de lo Cotidiano sostuvo, en un sentido convergente, que la revolución no debía condenar el deseo, la diversión ni la felicidad, sino disputarlos. Una política juvenil que se limite a exigir desconexión repetiría el error que Lautaro intentó superar: posponer la vida cotidiana para un futuro abstracto. La pregunta pertinente no es cómo sacar a los jóvenes de las pantallas, sino cómo convertir la conexión en encuentro y la red digital en red territorial.

2006–2019: de las movilizaciones estudiantiles a la revuelta de octubre, irrupción de masas sin continuidad orgánica

Conviene evitar el diagnóstico de una juventud inmóvil. Las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2011, la revuelta de octubre de 2019 con sus asambleas y cabildos territoriales, y las ollas comunes que resurgieron durante la pandemia demostraron que la capacidad de irrupción no ha desaparecido. El movimiento feminista, desde el mayo de 2018 y las huelgas del 8 de marzo, constituyó probablemente la experiencia de articulación más sostenida del período. Gago (2019) interpreta esa potencia feminista precisamente por su capacidad de conectar trabajo, territorio, cuerpo, deuda y cuidado dentro de una misma trama de conflicto, algo que buena parte de la izquierda tradicional no había logrado.

Lo que estas experiencias revelaron, al mismo tiempo, es su discontinuidad: asambleas que se disolvieron con la misma rapidez con que surgieron y energías que no lograron convertirse en organización duradera. Luxemburgo (1906) había planteado ya que la organización no crea la irrupción de masas, pero debe ser capaz de aprender de ella y darle continuidad; la huelga de masas era, para ella, una escuela política antes que un instrumento administrado desde arriba. La noción lautarina de combate de masas apunta en una dirección cercana: la eficacia de una acción se mide por su capacidad de dejar organización, experiencia y confianza en las propias fuerzas. Si el problema histórico del lautarismo fue el exceso de aparato, el problema del ciclo abierto en 2019 ha sido, en buena medida, la ausencia de estructuras capaces de dar continuidad a lo que irrumpe. La pregunta organizativa del presente se sitúa entre esos dos extremos.

2019–2026: la tercera derrota, del proceso constituyente al gobierno de José Antonio Kast

La revuelta de octubre de 2019 abrió, sin embargo, un ciclo cuyo desenlace obliga a hablar de una tercera derrota. El proceso constituyente, que fue su principal salida institucional, terminó con el rechazo de la propuesta de la Convención Constitucional en septiembre de 2022 y con el de un segundo texto, redactado por un Consejo con mayoría de derecha, en diciembre de 2023. El ciclo se cerró con la elección de José Antonio Kast en diciembre de 2025: un dirigente que en 2017 afirmó que Pinochet, de estar vivo, votaría por él (Emol, 2017) y que, al cumplirse un año del estallido, sostuvo que “el odio y la violencia ganaron y se aceleró la destrucción de nuestro país” (CNN Chile, 2020). El 18 de octubre de 2026, séptimo aniversario de la revuelta, será el primero bajo un gobierno de extrema derecha que amplios sectores de la izquierda caracterizan como fascista y cuyo proyecto puede leerse como una restauración del legado político de la dictadura. La paradoja es dura: el octubrismo, que había vuelto a poner en el centro la crítica del orden heredado de 1980, desembocó en la llegada al gobierno de uno de sus defensores más explícitos.

Entre las consecuencias de esa derrota se encuentra la disputa por el sentido de la represión de 2019. El Presidente anunció su disposición a indultar a carabineros y militares condenados por delitos cometidos durante el estallido en casos de “violencia extrema”. Una investigación periodística mostró que ninguno de los nueve uniformados presos por los casos emblemáticos cumple ese criterio, pues los tribunales establecieron que el orden público ya estaba restablecido cuando cometieron delitos que dejaron víctimas con pérdida de visión y daño permanente (Meza Riquelme, 2026). A comienzos de octubre de 2026 esos indultos no se habían concretado, aunque el Presidente había ratificado su intención de otorgarlos (Eade, 2026). La memoria del estallido queda así en disputa en términos análogos a los que marcaron la transición: quién fue violento, quién merece castigo y quién merece clemencia.

El caso de Juan Aliste Vega condensa estas tensiones y conecta la historia lautarina con el presente. Exmilitante del MAPU Lautaro y coautor, junto a Guillermo Ossandón, del manuscrito carcelario Acerca del vértigo subversivo de una estirpe vagabunda, Aliste Vega fue condenado en 2014 a un total de 42 años de prisión en causas derivadas de acciones contra los bancos Security y Santander iniciadas en octubre de 2007 y del enfrentamiento con Carabineros que siguió a la primera de ellas. Diagnosticado con un cáncer terminal con metástasis, permanece en el Hospital Penitenciario de Santiago. En julio de 2026, el 7.º Juzgado de Garantía de Santiago rechazó su solicitud de arresto domiciliario total, y el 5 de octubre presentó al Ministerio de Justicia una solicitud de indulto dirigida al Presidente, en la que afirma: “Sé que mis condenas son graves y que esta solicitud exige una decisión fundada y responsable” (BioBioChile, 2026a, 2026b; Solar y García, 2026).

El caso plantea una pregunta que atraviesa toda la historia del lautarismo: si el Estado reconoce razones humanitarias según la posición política de quien las invoca. En 1997, la salida que el Estado ofreció a los presos políticos de la transición fue un indulto condicionado al arrepentimiento y a la renuncia a la violencia (Solar Domínguez, 2007). Casi tres décadas después, un gobierno dispuesto a indultar a uniformados condenados por graves vulneraciones de derechos durante la revuelta debe responder a la petición de un preso subversivo en etapa terminal. Su respuesta dirá mucho sobre el carácter del orden que se pretende restaurar. Para la cultura lautarina y para el campo socialista revolucionario, la defensa de la vida de Aliste Vega forma parte de una tarea más amplia: impedir que la derrota del octubrismo se convierta en la clausura definitiva de la memoria de las luchas populares.

Cultura lautarina, unidad táctica y rearticulación del campo socialista revolucionario

A la cultura lautarina le corresponde, en este escenario, un examen específico. Esa cultura conserva algo que otros sectores de la izquierda perdieron o nunca desarrollaron: la atención a la juventud popular, a la vida cotidiana, a la alegría y a la identidad como materia política. Briseño Ramírez (2012) mostró que los militantes lautarinos fueron, a la vez, subversivos y alegres, y esa combinación sigue siendo una lección para cualquier proyecto que pretenda convocar a jóvenes. Pero las memorias militantes, recogidas entre otros por Aliste Vega (2017), y los estudios sobre mujeres en las organizaciones revolucionarias, como los de Vidaurrázaga Aránguiz (2006) y Acevedo Arriaza (2025b), recuerdan también que la militancia reprodujo desigualdades de género que el discurso emancipador no siempre problematizó. Ninguna rearticulación del campo revolucionario será creíble para las nuevas generaciones si reproduce internamente las jerarquías patriarcales y el verticalismo que dice combatir.

La historia de la izquierda revolucionaria chilena estuvo marcada, además, por la fragmentación. El MIR, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el MAPU Lautaro y numerosas corrientes menores desarrollaron lecturas distintas del período, estrategias a veces incompatibles y culturas militantes que se definieron frecuentemente por oposición entre sí. Una rearticulación en el presente difícilmente puede depender de una unificación doctrinaria, que la experiencia histórica muestra como improbable y en ocasiones paralizante. La noción de unidad táctica ofrece otra vía: acuerdos sobre tareas comunes en el territorio y en la defensa de los derechos sociales, preservando las identidades, las tradiciones y los debates estratégicos de cada corriente. Harnecker (1999) insistió en que la izquierda latinoamericana debía superar el sectarismo, el hegemonismo y el verticalismo, reconocer la pluralidad de los actores sociales y entender la política como el arte de construir fuerza social capaz de hacer posible lo que en un momento dado parece imposible. Unidad táctica no significa pacto electoral ni tregua de silencio; significa convergencia en la práctica, desde la cual los debates estratégicos pueden continuar sin impedir el trabajo común.

Cosas concretas, felicidad y territorio: orientaciones para una política de poder popular

Esa práctica compartida puede organizarse en torno a tres orientaciones que la propia experiencia lautarina permite formular. La primera es la política de las cosas concretas: las redes que perduran son aquellas que resuelven algo en el presente, sea la vivienda, el cuidado de niños y personas mayores, el apoyo escolar, la salud mental, el deporte, la cultura o la defensa frente a abusos y deudas. La segunda es la reivindicación de la felicidad: la organización debe ser un espacio al que se quiera pertenecer, donde haya música, deporte, fiesta y afecto, y no únicamente sacrificio y deber. La tercera es comprender el territorio como construcción y no como dato: la identidad barrial se produce mediante lugares y prácticas comunes, como sedes vecinales reabiertas, clubes deportivos, bibliotecas populares, huertas, murales y medios comunitarios. Los aportes de Federici (2020) y Gutiérrez Aguilar (2017) permiten dar densidad teórica a estas orientaciones: la reproducción de la vida no es una tarea previa o secundaria respecto de la política, sino uno de sus terrenos centrales, y la producción de lo común desde abajo constituye una forma de poder que no depende enteramente del Estado.

La perspectiva de poder introduce, sin embargo, una exigencia adicional. La solidaridad por sí sola puede convertirse en administración de la precariedad: la olla común que alimenta sin cuestionar por qué hay hambre, o la red de ayuda que termina sustituyendo al Estado en aquello que este dejó de garantizar. Una red solidaria adquiere perspectiva de poder cuando articula cuatro dimensiones: la ayuda mutua que resuelve necesidades inmediatas; la organización estable que permite decidir colectivamente sobre el propio territorio; la articulación entre territorios y corrientes que impide el aislamiento de cada experiencia; y la disputa pública por los derechos sociales, como pensiones, salud, educación, vivienda y trabajo digno, frente al Estado y al mercado. Este doble movimiento de autonomía y exigencia recupera la vieja pregunta por el poder popular planteada durante la Unidad Popular: la capacidad de los sectores populares de construir fuerza propia sin renunciar a transformar las instituciones.

La historia de la derrota lautarina ofrece aquí su enseñanza más importante. Como se ha argumentado, la creciente distancia entre la estructura especializada y los espacios de sociabilidad popular constituyó una contradicción estratégica desde los propios parámetros del proyecto, y esa contradicción estalló finalmente en la cárcel. El poder de una organización popular no reside en la capacidad de un grupo para actuar en nombre de otros, sino en la densidad de los vínculos que logra tejer y sostener en el tiempo. Construir poder, en este sentido, es multiplicar vínculos y no sustituirlos. Ninguna forma de acción, por radical que parezca, reemplaza la lenta tarea de organizar, sostener y ampliar comunidad. De ello se desprenden criterios organizativos concretos: subordinar las tareas de la estructura a las del territorio, y no a la inversa; garantizar que quienes conducen puedan ser discutidos y reemplazados por quienes son conducidos antes de que la única forma de deliberación sea una huelga de militancia; y medir a la organización por los vínculos que deja, no por su capacidad de representación.

Consideraciones finales: memoria, generaciones y movimiento haciéndose

Queda, finalmente, la dimensión generacional. Así como la juventud lautarina no recibió de la generación de la Unidad Popular una doctrina intacta, sino preguntas sin resolver (Acevedo Arriaza, 2025a), la juventud actual no necesita heredar nostalgias, sino interrogantes: por qué se perdieron derechos que costaron décadas de lucha, qué hace posible que la precariedad se viva como destino individual, cómo se reconstruye una comunidad capaz de defenderse. La memoria no es un depósito del pasado, sino una actividad mediante la cual determinados actores seleccionan énfasis y producen narrativas capaces de otorgar sentido al presente (Jelin, 2002; Stern, 2006). El encuentro entre antiguas y antiguos militantes, dirigentes vecinales, sindicales y poblacionales y los jóvenes de hoy puede convertir la memoria en recurso y no en monumento. Garcés (2002) mostró cómo los pobladores de Santiago supieron, en otro momento histórico, tomar su sitio en la ciudad y en la política; esa capacidad no es un rasgo del pasado, sino una posibilidad que cada generación debe reconquistar.

Antes de ser expediente policial, Lautaro fue proyecto político, y antes de ser una generación precarizada, la juventud popular actual puede ser también una posibilidad histórica. Si para los lautarinos la revolución todavía podía imaginarse como futuro, quizá la primera tarea de la cultura socialista revolucionaria sea hoy recuperar, junto a una juventud hija de la derrota y del neoliberalismo, la posibilidad misma de imaginar un futuro común. Esa recuperación no comenzará en las pantallas ni en los grandes discursos, sino en el barrio, en la cancha, en la sede y en la olla: en la política de las cosas concretas, allí donde la solidaridad deja de ser caridad y la unidad deja de ser consigna para convertirse en poder. La contradicción que estalló en la Cárcel de Alta Seguridad sigue siendo, en ese sentido, una pregunta del presente: cómo ser, efectivamente y no solo en la doctrina, movimiento haciéndose.

Referencias

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