Movimiento Articulación Revolucionaria – MAR
Los Estados Unidos han construido una capacidad “otorgada” de intervenir en América Latina mediante conceptos aparentemente universales y moralmente incuestionables: libertad, anticomunismo y seguridad.
Esta capacidad no surge de un mandato legal internacional ni de un consenso real entre los pueblos latinoamericanos. Surge de un proceso histórico prolongado en el que la intervención ha sido normalizada, legitimada y, finalmente, aceptada como parte del orden político regional. No se trata solo de poder militar o económico, sino de hegemonía ideológica: la capacidad de intervenir sin presentarse como invasor.
El imperialismo estadounidense no opera únicamente por la fuerza. Opera, sobre todo, por la construcción de sentido. Interviene cuando logra que su intervención sea percibida como necesaria, inevitable o incluso beneficiosa. Para ello, ha desplegado conceptos que funcionan como blindajes morales frente a cualquier cuestionamiento.
La libertad es uno de ellos. Presentada como valor universal, ha sido utilizada selectivamente para justificar acciones que poco tienen que ver con la autodeterminación de los pueblos. En América Latina, la libertad promovida desde Washington nunca ha sido la libertad de los pueblos para decidir su propio camino, sino la libertad de los mercados, del capital y de los intereses estratégicos estadounidenses. Cuando un proceso político latinoamericano se alinea con esos intereses, se le llama democrático; cuando los desafía, se le acusa de autoritario. La libertad, así entendida, deja de ser un principio y se convierte en una herramienta.
El anticomunismo, por su parte, ha funcionado históricamente como un dispositivo de miedo. No fue una simple disputa ideológica, sino una doctrina de intervención permanente. Bajo su amparo se justificaron golpes de Estado, dictaduras militares, persecuciones políticas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En nombre de combatir una amenaza ideológica, se disciplinó a pueblos enteros. El anticomunismo no buscó eliminar una idea, sino impedir que los pueblos latinoamericanos imaginaran alternativas al orden impuesto.
A este binomio se suma el concepto de seguridad, quizás el más eficaz en el contexto contemporáneo. Seguridad no entendida como bienestar social, justicia o estabilidad para las mayorías, sino como control. Seguridad para proteger inversiones, rutas estratégicas, gobiernos funcionales y equilibrios regionales favorables al imperio. Bajo esta lógica, América Latina es tratada como un espacio de riesgo permanente, una zona a vigilar, corregir o intervenir cuando se sale del guion establecido.
Estos conceptos no actúan de manera aislada. Se articulan para construir un relato en el que la intervención deja de ser una agresión y pasa a ser una responsabilidad. Una responsabilidad que Estados Unidos se atribuye a sí mismo y que, con el tiempo, logra que otros acepten. Así, la soberanía de los países latinoamericanos se vuelve condicionada, siempre supeditada a no cruzar ciertos límites invisibles pero estrictos.
El resultado de este proceso es una región donde la intervención ya no es la excepción, sino la regla. Donde la injerencia externa se disfraza de cooperación, asesoría o ayuda humanitaria. Donde el imperialismo no necesita presentarse con botas, porque ya ha ocupado el terreno simbólico y político.
La verdadera eficacia del imperialismo estadounidense en América Latina no reside solo en su poder material, sino en haber logrado que su derecho a intervenir parezca natural. Que se discuta la forma de la intervención, pero no su legitimidad. Que se critique el exceso, pero no el principio. Esa es la “capacidad otorgada”: una concesión forzada, construida históricamente, sostenida ideológicamente y reproducida políticamente.
Mientras no se cuestione esa capacidad en su raíz, mientras no se desmonte el lenguaje que la legitima, la intervención seguirá presentándose como solución y no como problema. Y la dominación continuará operando bajo la apariencia de orden, estabilidad y sentido común.
