Rosa Varillas Ordoñez
Coordinadora nacional alterna del
Partido Movimiento por la Unidad de los Pueblos – MUP
El 07 de diciembre de 2022, las bancadas de derecha del Congreso de la República del Perú dieron un golpe de Estado al entonces presidente constitucional Pedro Castillo. Hoy, se encuentra recluido en el Penal Barbadillo, cerca de cumplir tres años de una injusta prisión; y, con un proceso judicial totalmente político dado que no se ha probado, como lo establece el código penal peruano, que haya cometido delito de rebelión. Por estos motivos, luego de más de dos años de proceso, la Sala Penal ha anunciado que cambiaría la imputación del delito a “tentativa” de rebelión, para buscar condenarlo a cualquier modo.
Al igual que el presidente Castillo, su expremier, Betsy Chávez, estuvo presa injustamente hasta que, por orden del Tribunal Constitucional, se declaró su libertad debido a que estuvo varios días en prisión sin tener mandato judicial, configurándose una detención a todas luces arbitraria. Esto se dio, en medio de diversas denuncias de malos tratos en el penal, y con una huelga de hambre seca en curso.
En el Perú, no sólo se afrontan procesos judiciales totalmente irregulares que, incluso han recibido el cuestionamiento de distinguidos juristas a nivel internacional, ahora el Congreso arremete nuevamente preparando la inhabilitación por diez años para ejercer la función pública del presidente Castillo y su ex premier Betsy Chávez; así como de su también expremier Aníbal Torres. De esta manera, este Congreso viene inhabilitando a sus adversarios políticos que pudieran disputar candidaturas en las elecciones generales 2026, para allanar el camino al continuismo de los partidos de derecha que sostienen la dictadura.
La ruptura democrática, producto del golpe de Estado contra el presidente Castillo, fue ejecutado por el pacto mafioso de los partidos de derecha del Congreso, impulsados por Fuerza Popular, su fundador Alberto Fujimori fue el dictador en la década de los 90 que profundizó el modelo neoliberal y vulneró derechos humanos. Mediante una ilegal vacancia, que no respetó ni su propio reglamento vulneraron la voluntad popular que eligió a Pedro Castillo como presidente e impusieron a la usurpadora Dina Boluarte; y, con el respaldo de las fuerzas armadas, acallaron a sangre y fuego las protestas que a nivel nacional se llevaron a cabo a finales del 2022 y a principios del 2023. El saldo fue de 50 asesinados, se ensañaron con las regiones del Sur del Perú, con los jóvenes, incluidos menores de edad, y llevaron a cabo asesinatos extrajudiciales que hoy se encuentran en un proceso judicial que aún no determina ni un solo responsable, mientras los familiares de las víctimas claman justicia
El objetivo de lo que en Perú decimos, la DBA o “Derecha Bruta y Achorada” es que, mediante la persecución política pretenden eliminar todo lo que esté relacionado al gobierno de Castillo, con el fin de amedrentar al pueblo peruano de que no volverán a permitir que los sectores populares pretendan gobernar el país, eso a la mayoría de peruanos nos queda claro. De esta manera, pueden continuar profundizando el modelo neoliberal, aprobando leyes a favor de las grandes empresas, ampliando sus privilegios y exoneraciones tributarias, vulnerando nuestros territorios y los derechos de las comunidades a favor del gran capital, mientras la pobreza y la exclusión aumenta.
Estos grupos de poder están a su vez, vinculados a las mafias organizadas, y vienen copando diversas entidades públicas relacionadas a la investigación fiscal y el proceso judicial para impedir ser condenados por sus delitos. A ello se suma que, más de la mitad de los congresistas tienen investigaciones abiertas en la fiscalía. Asimismo, ahondan la corrupción y permiten el aumento de la criminalidad, el sicariato y las extorsiones que afectan a los sectores populares. Desde que asumió la dictadora Boluarte las cifras crecieron considerablemente. Como lo indicó el Sistema Nacional de Defunciones – SINADEF, cada cuatro horas se registra un homicidio en el Perú, esto se debe al aumento de la criminalidad y la falta de seguridad.
Sin embargo, si bien pensaron replicar las épocas de la dictadura fujimorista atemorizando al pueblo peruano con los asesinatos, la represión y la persecución, no lo han logrado. La indignación y el repudio, tanto a Boluarte como a los congresistas llegan a ser los más altos de la historia del país, con un 96% de desaprobación. Por ello, las expresiones de protesta estallan por diversos motivos a nivel nacional, como lo diría Manuel Gonzales Prada “En resumen, hoy el Perú es organismo enfermo: donde se aplica el dedo brota pus”.
Aunado a ello, el Congreso aprobó una Ley de Amnistía para militares y policías acusados, investigados o procesados incluso con condena firme que afecta al menos a 156 casos de graves violaciones a derechos humanos en el Perú entre los años 1980 a 2000. La dictadora Boluarte para congraciarse con las fuerzas represivas lo promulgó de manera inmediata, sellando su pacto con quienes son responsables de los asesinatos contra nuestro pueblo.
En las últimas semanas se generó un nuevo impulso de la protesta social; y, lo señalamos así porque, en el Perú no se ha dejado de luchar, con sus limitaciones y dispersión, la protesta se ha mantenido en todo el país. Primero surgió por el rechazo a la decisión del Congreso de reformar el sistema pensionario, otorgándole más beneficios de los actuales al negocio de las AFPs que lucran con el futuro de las pensiones y es permitido por la Constitución fujimorista de 1993. Se convocaron a diversas protestas, principalmente en la capital, en Lima y con replicas en algunas las regiones.
Las protestas avanzaban con la participación de las federaciones universitarias, las organizaciones sociales, de colectivos juveniles que se denominan “Generación Z”, el pueblo peruano expresaba de distintas formas su hartazgo contra la dictadora de Boluarte y el Congreso, rechazaban la reforma de las AFPs, a la corrupción generalizada hasta en las fuerzas policiales, a la inseguridad ciudadana, el copamiento de las mafias en la fiscalía, entre otros.
A ello, se sumó el paro de transportistas debido a los continuos asesinatos a los conductores que no ceden al cobro de cupos de los extorsionadores. En este contexto de protestas, se dio el ataque al concierto de un popular grupo de cumbia en el país que dejó cerca de cuatro heridos el domingo 05 de octubre y todos los cuestionamientos apuntaron nuevamente a la incapacidad de Boluarte.
En este contexto, la coalición mafiosa que puso a la dictadora Boluarte dejó de sostenerla ante la creciente indignación popular y debido a la cercanía de las elecciones generales que serán en abril del año 2026, abrieron camino a la vacancia de Boluarte. Las mismas bancadas de derecha que pusieron a Boluarte y la protegieron negándose a votar hasta 7 veces por su vacancia, ahora actuaron rápidamente y admitieron el pedido de vacancia contra Boluarte el jueves 09 de octubre, votando pasada la media noche e iniciando el viernes 10 de octubre. La vacancia express que realizaron ahora sí respetó el reglamento del Congreso y con todos los votos necesarios para la misma aprobaron la vacancia, no hubo ni un solo voto en contra de la vacancia, así se deshicieron de Boluarte.
Ahora, con el presidente del Congreso asumiendo la Presidencia de la República de manos de la misma coalición mafiosa, que representa a las bancadas de derecha que dieron el golpe al presidente Castillo nada va a cambiar, sólo realizaron un reacomodo de sus piezas. Ante la caída de Boluarte, correspondía que el presidente constitucional Pedro Castillo sea restituido y culmine su periodo por el cual fue elegido por voto popular hasta el 28 de julio de 2026, siendo única garantía de afrontar un proceso electoral transparente. Sin embargo, a pesar de que durante el debate de la vacancia de Boluarte, se propuso derogar la resolución del Congreso que declaró la vacancia al presidente Castillo, la coalición mafiosa no permitió que entre a debate.
El pueblo peruano no va a parar de luchar, si bien se exigía la salida de la dictadora Boluarte, también se exigía la salida del Congreso que ha sido cómplice de la dictadura y responsable del golpe al presidente Castillo y de la ruptura democrática. Así como la dictadora Boluarte no podía realizar una actividad pública en las regiones sin que el repudio popular se exprese en las calles, ahora seguirán recibiendo el repudio popular, porque los congresistas son igual de responsables como Boluarte de la crisis en la que nos encontramos.
Sabemos que, la mejor forma de enfrentar a estos poderes fácticos, a la derecha DBA y a las mafias es de manera organizada, que debemos convertir la indignación en organización y lucha. Continuamos ahora en la dictadura congresal, la coalición mafiosa de los partidos de derecha donde algunos saludan abiertamente al gobierno de Milei y de Trump y los ponen como ejemplos para profundizar el modelo neoliberal, fomentar el individualismo, y seguir conservando sus privilegios mediante la explotación de nuestros recursos y de nuestra fuerza de trabajo.
Ante ello, las fuerzas progresistas y de izquierda organizadas, debemos seguir participando activamente en estas luchas, el cambio de rostro presidencial no soluciona los problemas del país. Es importante masificar las movilizaciones y darles el contenido que se necesita. Las mafias en el Congreso y el Ejecutivo, tratarán de paralizar el reclamo popular, ya sea con medidas represivas o respuestas populistas a los reclamos de algunos sectores. Es decir, la trampa de “el garrote y la zanahoria” para incautos y seguir ganando tiempo frente a las próximas elecciones.
Mientras las luchas sigan escalando y cualquier protesta exija fuertemente que se vaya la coalición mafiosa y la dictadura Congresal, es necesario concientizar en la verdadera salida, el cambio del sistema neoliberal afirmando la necesidad de un proceso constituyente, que frene la corrupción y ponga los cimientos de un nuevo país, verdaderamente democrático, donde las necesidades de las mayorías sea lo más importante desterrando los privilegios de las minorías. El desafío es grande porque la derecha no cederá fácilmente el poder, pero la única salida es la lucha popular, y como decimos, el Perú no ha dejado de luchar, con unidad y movilizados, derrotaremos a los golpistas y las mafias en el Congreso.
