Mesa Metropolitana de Vivienda,
TejeR-ConstruIR
La actual crisis habitacional en Chile demanda una reflexión profunda y una reorientación estratégica de los movimientos sociales y organizaciones políticas que luchan por la vivienda digna. En el presente escrito, compartimos algunas reflexiones que hemos ido dando como organización.
En pleno contexto electoral, vemos complejo las distintas acciones que realizan algunos sectores que luchan por la vivienda, los cuales nos pueden repercutir -en un futuro- a todas y todos quienes nos organizamos en torno a esta demanda.
En las elecciones pasadas, se realizó el renombrado Acuerdo de La Castrina, donde gran parte del movimiento de pobladoras y pobladores dio su apoyo a la candidatura de Gabriel Boric. Al día de hoy, dicho Acuerdo se transformó en un testimonio de lo inejecutable que resulta atacar la especulación con un Estado Subsidiario, pues el problema central sigue siendo que la lógica de mercado en vivienda es lo que rige en las soluciones de la demanda. Por ejemplo, se prometía la «creación y fortalecimiento del banco de suelos», asegurando tener «terrenos en todas las ciudades de Chile a disposición de vivienda social». Si bien hoy existe formalmente un «banco de suelos», su operatividad es notoriamente ineficaz para responder a la demanda habitacional actual. Esto se debe a que dicho instrumento permanece cautivo de las dinámicas propias del mercado inmobiliario y financiero, cuya principal estrategia es el acaparamiento de tierra a través de la reserva especulativa. En la práctica, la mayor parte del suelo potencialmente urbanizable se encuentra hoy en manos de actores privados, manteniéndose sin uso productivo, a la espera de que su valor aumente para futuros proyectos o simplemente como reserva especulativa. Esta dinámica de mercado convierte la tierra en un activo financiero, obstaculizando cualquier intento efectivo del Estado por planificar y garantizar el derecho a la vivienda.
La misma contradicción se evidencia en el compromiso de «asegurar los recursos necesarios para avanzar en la solución de campamentos» (Punto 4 del acuerdo). Lejos de concretar soluciones habitacionales, el actuar del gobierno de Boric ha sido la criminalización de las tomas y forjar los desalojos constantes, como lo fue con el Campamento 17 de Mayo, y ahora último la toma Dignidad y el desalojo del Campamento Placilla en Valparaíso, sin ofrecer alternativas concretas. De esta forma, queda en evidencia de que el Estado es defensor de los sectores privados. La crisis de la vivienda sigue vigente. Cabe preguntarnos entonces, ¿qué tipo de Estado y gobierno necesitamos? ¿uno que defienda la propiedad privada? ó ¿uno que vea las prioridades reales, con respecto a la crisis habitacional?
Si bien, algunos sectores del movimiento salieron a la calle durante esta administración, su movilización no generó la presión necesaria para el cumplimiento del Acuerdo de La Castrina, esto nos lleva a preguntarnos si es que en la medida que firmamos acuerdos, esto ¿nos posibilita la presión? ó ¿termina por desmovilizarnos?.
En base a estas breves reflexiones, creemos que es importante mirar de forma crítica y constructiva el “Manifiesto por un Chile con Viviendas Dignas y Barrios Seguros”1, debido a los antecedentes vistos. Un nudo crítico de dicho Manifiesto, es el punto número 4, donde se propone la creación de un Programa de Formación de Liderazgos, que desde una lógica tecnocrática, acuerda en crear un Registro Nacional de Dirigencias Habilitadas. Si bien lo que puede haber detrás es un ejercicio noble de querer formar dirigencias empoderadas con conocimientos técnicos -que hoy el actual Plan de Emergencia Habitacional lo contempla-, junto con exigirle responsabilidad al Ministerio de Vivienda y Urbanismo de fomentar la participación, la educación y la formación de las dirigencias, además de la fiscalización a dirigencias corruptas que se hacen un sueldo en nombre de los Comités de Vivienda o venden cupos a los proyectos habitacionales, no podemos dejar que dicha formación y conocimiento se homogenice en la institución estatal que hoy existe, puesto que por el momento no tiene proyección de una sociedad distinta, carece de reflexividad crítica y para nada nos invita a soñar una vida mejor. La experiencia popular de lucha, no puede ser cooptada.
Por otro lado, en esta idea del Registro Nacional de Dirigencias Habilitadas, se ven tres grandes peligros: por un lado, se le quita el poder de organización independiente y autónoma a la y el poblador; por otro, se institucionalizan las dirigencias, quitándole fuerzas a las y los pobladoras; finalmente, este nuevo espacio de formación, fácilmente se podría transformar en una bolsa de empleos para aquellas dirigencias más mediáticas, siendo cooptadas por la institucionalidad, abandonando al movimiento popular, pudiendo así reproducir la lógica clientelar y los liderazgos caudillistas, que con posterioridad no nos asombraría verles en puestos de poder intentando desmovilizar a los sectores populares.
Es necesario que cualquier “manifiesto” de demandas, o cualquier acuerdo de acción, no solamente apunte a las demandas reivindicativas, sino que también proyecte las demandas estructurales que permitan pensar la transformación del modelo y de las políticas de viviendas sociales. Siempre y cuando se mantenga la independencia y autonomía -como principios innegociables- de las bases populares de los distintos sectores que luchan por la vivienda. Además de proyectar, que la prioridad estratégica del movimiento social por la vivienda, debe ser la unidad de las y los sin casa, utilizando cada negociación como una palanca para intensificar la presión y el cumplimiento de los acuerdos.
El extractivismo urbano: El núcleo de la crisis habitacional
La crisis de la vivienda no es un problema de «escasez» o de «mala gestión», sino el resultado inevitable de un sistema urbano extractivista que opera con la misma lógica que los monocultivos o la megaminería. En este esquema, el suelo y la vivienda han perdido su función social para convertirse en mercancías (o commodities), y peor aún, en activos financieros y vehículos de inversión. Al igual que la palta en el campo, el inmueble en la ciudad es un objeto de especulación.
El capital financiero dominante orienta sus inversiones no a la producción de valor social, sino a la captura de renta inmobiliaria; la ganancia se obtiene simplemente por la posesión y la valorización especulativa de la tierra. Esta dinámica es la que expulsa y aglutina a la población, concentra riquezas y produce desplazamiento.
Por otra parte, existe una diferenciación entre la acumulación y la necesidad: existe una sobresaliente «eficiencia» constructiva que edifica miles de unidades destinadas a la inversión y la reventa, que permanecen deshabitadas, actuando como activos en espera de valorización. Ahí la confusa conceptualización mediática del “déficit habitacional”, no existe una carencia de viviendas o de suelo. La falta de suelo para proyectos sociales no es física, sino el resultado directo del acaparamiento especulativo.
La dependencia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) respecto a actores que lucran con la emergencia, es estructural. El Estado subsidiario se ve obligado a asumir y socializar las deudas generadas por un sistema que opera con capital de riesgo privado (como se evidencia en la crisis de caja del PEH), rescatando al mismo mercado que supuestamente debía solucionar la crisis.
La ausencia de una ley de expropiación ofensiva, obliga al Estado a negociar la adquisición de suelo como un actor más en un mercado dominado por la especulación, reforzando el precio especulativo y perpetuando el ciclo. La paradoja es cruda: el Estado, garante del derecho, está cautivo de los vaivenes del mercado y se vuelve el principal socio de la especulación.
El problema de fondo no es sólo de gestión, sino de poder. La solución a la crisis no vendrá de la mera inyección de capital a un modelo especulativo, sino de una transformación profunda que ataque la raíz:
En primer lugar, es importante centrar la discusión en el cuestionamiento de la propiedad del suelo: hay que atacar la propiedad privada del suelo, entendida como un vehículo de renta y no como un bien social.
Superación del Estado subsidiario: exigir un Estado que garantice de forma efectiva el derecho fundamental a la vivienda y no que se subordine a la lógica del lucro.
La lucha no se gana solo en una oficina de negociación, sino en la calle, construyendo fuerza social para transformar la estructura que nos niega la felicidad y la vida digna. El camino de la verdadera emancipación habitacional reside en la cualificación de las bases y la conciencia de clase. La lucha por el hábitat debe centrarse en el fortalecimiento del Poder Popular, asegurando que la acción emane del colectivo.
La tarea histórica del Movimiento Popular es dejar de ser un mero demandante pasivo para convertirse en un sujeto político activo que, desde la base, empuje por un cambio estructural. Solo así se podrá desmantelar el extractivismo urbano y construir, desde abajo, la estructura social que nos permita alcanzar no solo una casa, sino una vida mejor.
- Pobladores proponen a Jeannette Jara 260 mil viviendas para familias de bajos ingresos https://www.elciudadano.com/vivienda/pobladores-proponen-a-jeannette-jara-260-mil-viviendas-para-familias-de-bajos-ingresos/10/27 ↩︎
